Según la acusación fiscal, los hechos ocurrieron entre junio de 2002 y marzo de 2024, período en el que los imputados habrían implementado “una matriz delictiva para extorsionar y coaccionar” a personas en condiciones de “alta vulnerabilidad social y económica”.
A los acusados se los responsabiliza también por presentar facturas apócrifas para justificar gastos correspondientes a los programas sociales, con un perjuicio estimado de 50 millones de pesos.
Los delitos atribuidos a Belliboni son “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, “amenazas coactivas” y “extorsión agravada”.
La investigación se inició a fines de 2023, luego de que el gobierno nacional habilitara la línea telefónica 134 para que beneficiarios de programas sociales pudieran denunciar presiones o exigencias para entregar parte de lo cobrado o asistir a movilizaciones.
Además de Belliboni, también fueron enviados a juicio Mariano Alejandro Centanni, Erica Tamara Lubenfeld, Iván Ortíz y Ezequiel Adrián Coego, imputados por los mismos delitos. La causa fue remitida a sorteo de un Tribunal Oral, lo que marca el cierre de la etapa de instrucción del expediente.