El Gobierno nacional decretó ayer que la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo estatal encargado de prevenir e impedir el lavado de dinero provenientes de delitos graves, no podrá ser querellante en causas de corrupción y lavado de activos.
La UIF solo podrá “recibir, solicitar y archivar información” dentro de investigaciones sobre lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva, indicó una publicación del Boletín Oficial, que lleva la firma del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
La medida se justificó por una recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) el cual indicó que se “debe reconsiderar la intervención de la UIF como parte querellante, en tanto dicha actividad podría afectar su autonomía e independencia operativa”.
El decreto también establece que el Ministerio Público Fiscal es el encargado de llevar la labor de querellante.
Aunque la UIF podrá “dirigir actividades y operaciones” e interactuar con organismos de inteligencia para la obtención de datos, deberá solicitar permiso al Poder Judicial para registrar lugares públicos o privadas, requisar o secuestrar elementos que puedan servir para una investigación.
Sin embargo, todo lo recolectado deberá ponerse “a disposición del Ministerio Público Fiscal para el ejercicio de las acciones pertinentes”.
Este decreto se oficializó en un contexto, donde la Justicia y el Congreso investigan el posible rol de Milei y otros funcionarios en el criptogate por la memecoin $LIBRA, cuyo lanzamiento fue promocionado por el mandatario en sus redes sociales, antes de que su valor se desplome, dejando miles de damnificados.
El mercado de las criptomonedas como las estafas y lavados de activos es competencia de investigación de la UIF.
La entidad ha integrado y participado como querella en causas de corrupción como la denominada “causa Vialidad” por la cual se condenó en primera instancia a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. También había impulsado investigaciones sobre los Panama Papers que salpicaron al exmandatario Mauricio Macri.