“Cada vez vamos a tener más casos de estos: desregulaciones que la casta bloquea a nivel provincial”, escribió Sturzenegger en X, al criticar la prohibición en territorio bonaerense del autodespacho de combustibles y la compra online de medicamentos. “Por eso las elecciones provinciales son importantes”, añadió en la misma publicación.
Ante esto, Kreplak respondió: “Ni la casta, ni bloqueo. Entiendo que para alguien que no sepa nada de nada del tema sea más fácil decir incoherencias por acá. Son medidas que toma el Estado para cuidar a su pueblo, pero ni de eso sabés ni te interesa mucho”. Y acompañó su mensaje con un artículo de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos: “El mal uso de medicamentos es una de las principales causas de muerte en el mundo”.
En ese sentido, defendió la regulación: “Se combate con regulación fuerte, presencia de farmacéuticos, educación popular en salud y buena formación médica. Con menos publicidad y desregulación”.
De esta manera, Sturzenegger redobló la crítica: “Hermoso cómo salta la casta política en defensa de la casta empresaria (laboratorios básicamente) que tiene terror a que la gente elija su medicación en libertad” y cuestionó las distancias que deben recorrer algunos usuarios para acceder a remedios: “Fuerzan en la provincia a la gente a hacer 20/30 km o lo que sea para ir a buscar el Ibupirac para sus hijos a la farmacia. ¡Y encima tratan de hacernos creer que piensan en la gente! Vergüenza les debería dar tanta hipocresía”.
Y, finalmente, la discusión terminó con una corrección de Kreplak al ministro nacional: “Ibupirac dice mientras se hace el que critica a los laboratorios… Ibuprofeno se llama. No hable de lo que no entiende”.
El DNU 70/2023, firmado por el Gobierno nacional en diciembre, habilitó la venta de medicamentos de venta libre fuera de farmacias y sin necesidad de la presencia de farmacéuticos. Posteriormente, el Decreto 1024/2024 permitió su comercialización en góndolas de supermercados y kioscos, bajo condiciones específicas. Ambas medidas enfrentaron suspensiones judiciales en distintas provincias, como Mendoza y Buenos Aires, por fallos que señalaron riesgos para la salud pública.