De acuerdo a la acusación impulsada por el fiscal Álvaro Garganta, los funcionarios involucrados “actuaron en connivencia con terceros ajenos a dicho organismo quienes captaban como ‘gestores’ a deudores de infracciones de tránsito ofreciéndoles reducciones del 50% del monto adeudado”. La operatoria permitía eliminar multas a cambio de un porcentaje de lo que debía pagar el infractor, lo que generó un perjuicio económico estimado entre 4 y 10 millones de dólares mensuales para la empresa concesionaria del sistema de fotomultas, Secutrans.
También se detalla que siete empresas habrían sido obligadas a contratar los servicios de “Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A.”, firma encargada de la asignación de turnos para la VTV, que percibía una comisión del 8,5% más IVA por cada operación.
En paralelo, incluyen presuntas irregularidades en los convenios firmados con CECAITRA, una asociación civil a cargo de la administración de cinemómetros en distintos municipios bonaerenses. Y, según la investigación, las infracciones captadas por al menos 155 radares en partidos como La Matanza, Tigre, Campana, Moreno y Brandsen fueron utilizadas para facturar ingresos que habrían sido manejados de manera irregular.
Entre los imputados se encuentra Claudia Pombo, ex concejala de Pilar y pareja de D’Onofrio, señalada por coordinar las actividades de los gestores. También fue imputado Mario Quattrochi, juez de faltas de La Plata, acusado de intervenir en la eliminación de infracciones a cambio de sobornos.
Además, fueron alcanzados por la imputación Sebastián Desio, presidente de Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A.; Pablo Javier Sanguinetti, ex titular de la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial; Tomás Uthurriague, ex director de Informática del mismo organismo; y otros exfuncionarios que respondían a D’Onofrio.