“La asignación de unidades retributivas estará determinada por el ahorro presupuestario generado por la reducción de la dotación de personal de cada jurisdicción”, explicó la resolución, que entra en vigor a partir de su publicación.
Para los funcionarios que más empleados despidan, esto representa un beneficio económico directo, aunque la medida ha sido duramente criticada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), uno de los principales sindicatos del sector público. “Esto es una escandalosa decisión del Gobierno, le están pagando a algunos funcionarios para destruir el Estado”, afirmó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
El valor de las Unidades Retributivas (UR) se calculó en $783, y, por ejemplo, la Secretaría de Trabajo, que redujo su personal de 3.600 a 2.900 empleados, podría recibir más de 64.000 UR adicionales. Estos fondos, según cálculos de los gremios, equivalen a más de 52 millones de pesos para distribuir entre las autoridades superiores.
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