El fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, afirmó este martes que el ex presidente Jair Bolsonaro encabezó e incentivó acciones ilegales con el objetivo de mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022, durante la primera audiencia del juicio en la Corte Suprema para decidir si se acepta la denuncia formal en su contra por intento de golpe de Estado.
Según Gonet, la supuesta conspiración contó con la participación directa del ex mandatario y de su entonces compañero de fórmula, el general retirado Walter Braga Netto. “La organización tenía como líderes al propio presidente de la República y a su candidato a la vicepresidencia”, declaró el fiscal ante la Sala Primera del alto tribunal.
La acusación señala que existió una “cadena de acontecimientos articulados para que, por medio de la fuerza o amenaza, el presidente Jair Bolsonaro no dejara la Presidencia de la República”, en un intento por impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva, ganador de las elecciones de octubre de 2022.
Paulo Gonet, fiscal general de Brasil (REUTERS/Adriano Machado)
Durante la audiencia, Gonet presentó como pruebas manuscritos, archivos digitales, hojas de cálculo e intercambios de mensajes que habrían documentado el desarrollo del plan golpista. Entre los documentos se incluyen un borrador del plan de golpe de Estado y un discurso que, según la acusación, Bolsonaro leería tras derrocar al presidente electo.
“El objetivo era mantener a Jair Bolsonaro en el poder”, reiteró el fiscal.
Antes de la exposición de la Fiscalía, el magistrado instructor del caso, Alexandre de Moraes, presentó un informe en el que detalló los delitos imputados a los acusados y describió las etapas del proceso. “Todos los acusados, en unidad de propósito y división de tareas, contribuyeron significativamente al proyecto violento de poder de la organización criminal”, afirmó Moraes.
El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva (REUTERS/Adriano Machado)
Bolsonaro y otros siete acusados, entre ellos altos mandos militares y ex ministros de su Gobierno (2019–2022), enfrentan cargos por abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, integración en organización criminal armada, daño calificado y deterioro del patrimonio público. La Fiscalía General presentó la denuncia en febrero, acusando a un total de 34 personas de intentar anular los resultados electorales para sostener a Bolsonaro en el poder.
La denuncia también atribuye a esta presunta trama la invasión violenta de las sedes del Supremo Tribunal Federal (STF), el Congreso Nacional y el Palacio del Planalto, ocurrida el 8 de enero de 2023, pocos días después de la toma de posesión de Lula.
Manifestantes invadieron el Congreso Nacional, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio del Planalto el 8 de enero pasado en Brasilia (EFE/ Andre Borges)
Durante el juicio, la defensa de Bolsonaro, encabezada por el abogado Celso Sanchez Vilardi, solicitó la anulación del principal testimonio del caso, prestado por el teniente coronel Mauro Cid, ex ayudante de órdenes del ex presidente. Vilardi alegó que hubo irregularidades en el interrogatorio y afirmó que Cid no declaró de forma espontánea, como exige la ley en acuerdos de colaboración premiada.
“Fue al revés: el Estado trajo pruebas, y él se adaptó a las pruebas”, sostuvo el abogado, quien también pidió el cambio del magistrado instructor.
Vilardi defendió la inocencia del ex mandatario, negó que existan documentos que lo comprometan y rechazó cualquier participación en planes para atentar contra Lula, el vicepresidente Geraldo Alckmin o el propio Moraes.
La Corte Suprema debe ahora decidir si acepta la denuncia presentada por la Fiscalía, lo que abriría formalmente un proceso penal contra el expresidente y sus allegados por los hechos ocurridos tras las elecciones presidenciales de 2022.
(Con información de EFE)