La investigación penal que involucra al diputado nacional Emiliano Estrada por el presunto delito de peculado de servicio tomó un nuevo giro este miércoles, cuando el fiscal general Carlos Martín Amad solicitó con éxito la incorporación de los dos asesores del legislador a la causa. La decisión, tomada por la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez, busca unificar la investigación en la justicia federal y evitar posibles contradicciones judiciales.
La audiencia, celebrada a primera hora de la mañana, fue escenario de un detallado relato por parte del fiscal Amad sobre el origen y desarrollo del caso. La investigación, iniciada en noviembre de 2023 a partir de una “noticia criminis”, se centró inicialmente en la presunta difusión de videos en la red social TikTok que vinculaban a instituciones del gobierno provincial con actividades de narcotráfico.
La participación de los asesores Bustamante y Allemand
Las pesquisas revelaron la participación de los asesores de Estrada, Florencia Bustamante y Alonso Javier Allemand, en la creación y difusión de los videos, así como el presunto uso de fondos de la Cámara de Diputados de la Nación para financiar estas actividades. Ante la posible comisión de un delito de peculado de servicio, la fiscal provincial Sofía Cornejo se declaró incompetente, decisión que fue respaldada por el juez Pablo Zerdán.
La causa pasó entonces a la justicia federal, donde el fiscal general Amad solicitó la incorporación de los asesores de Estrada a la investigación. Argumentó que la separación de la causa en dos jurisdicciones podría generar un “escándalo jurídico” y un “doble juzgamiento”, además de perjudicar el derecho de defensa de los imputados.
“No puede haber un juzgamiento, por un lado, para Estrada y por otro, para sus asesores”, sostuvo el fiscal Amad, quien destacó la necesidad de una “unidad de acción” para garantizar la seguridad jurídica y evitar pronunciamientos contradictorios.
“Le faltó leer Orson Wells”
Al respecto, resaltó que las actuaciones completas del caso recién llegaron a sus manos el 28 de febrero pasado, por lo que el caso se encuentra aún en una etapa inicial. En ese sentido, señaló que tampoco se puede determinar el otro presunto delito que la fiscal provincial ya imputó, o sea, el de intimidación pública, instancia en la que hizo una sutil apreciación, al sostener que, a la funcionaria judicial, probablemente, le faltó leer a Orson Wells.
La jueza Giménez hizo lugar al pedido del fiscal general, ordenando la remisión de los antecedentes de los asesores de Estrada a la justicia federal. La defensa del diputado impugnó la decisión, por lo que la Cámara Federal de Apelaciones deberá resolver en los próximos días.
La decisión de la jueza Giménez representa un avance significativo en la investigación del caso Estrada, y podría tener importantes implicancias en el desarrollo del proceso judicial.