El lugar había sido un proyecto inmobiliario ideado para ser una “ciudad VIP” con viviendas de lujo y la sede de una Universidad privada. Los titulares fueron investigados por lavado de activos de fondos que podrían haber provenido del comercio de estupefacientes.
En 2020 el manejo quedó bajo la Agencia de Administración de Bienes del Estado. El inmueble se entregó posteriormente a la municipalidad de Pilar para utilizarlo en el marco de la crisis Sanitaria.
Desde 2023 el juez buscaba ceder el espacio nuevamente al fondo. Este mes ordenó el desalojo efectuado por una patrulla de la Prefectura Nacional, dejando medicación, vacunas y registros de salud en el lugar. El espacio fue cedido al fondo llamado Pilar Bicentenario.