El fiscal federal Ricardo Toranzos dictaminó a favor de la competencia federal en un proceso de amparo que busca reactivar la construcción de una rotonda clave para más de 12 mil habitantes.
Un dictamen favorable con carácter colectivo fue emitido en el marco de una demanda de amparo presentada contra la Dirección de Vialidad de la Nación, con el objetivo de reanudar las obras de una rotonda en la Ruta Nacional N°9, en el departamento La Caldera, al norte de la ciudad de Salta.
La obra, valuada en $1.400.000 millones y licitada en agosto de 2022, quedó paralizada pocos meses después de su inicio. Frente a esta situación, la Asociación Civil Usuarios y Consumidores Unidos interpuso un recurso judicial para exigir su reactivación.
El caso se encuentra en el Juzgado Federal de Garantías N°2, a cargo de la jueza Mariela Giménez, y cuenta con el respaldo del fiscal Ricardo Toranzos, del Área No Penal de la Unidad Fiscal Salta. El funcionario consideró que el proceso reúne las condiciones para ser tramitado como una acción colectiva, al afectar los derechos de una gran cantidad de personas.
Una obra clave para el tránsito
La infraestructura en cuestión es considerada vital para la conectividad de la región, ya que facilitaría la circulación en un tramo de 4 kilómetros de la Ruta Nacional N°9, desde la rotonda del “Quirquincho” hasta el puente sobre el río Wierna. Actualmente, este sector presenta serios problemas de tráfico, especialmente en horas pico y los fines de semana, generando demoras y riesgos viales.
La obra debía ejecutarse en un plazo de 24 meses bajo la responsabilidad de la empresa Medina S.A., pero su interrupción dejó en incertidumbre a miles de usuarios. En su demanda, la asociación requirió que Vialidad de la Nación transfiera los fondos necesarios para la reactivación inmediata de los trabajos, asegurando su finalización dentro de los plazos estipulados.
El rol del Ministerio Público Fiscal
El fiscal Toranzos fundamentó la competencia federal del caso, señalando que la Dirección de Vialidad de la Nación opera bajo la órbita del Ministerio de Economía, lo que justifica su tratamiento en el fuero federal. Además, destacó la importancia de la intervención del Ministerio Público Fiscal en procesos colectivos, en línea con el artículo 120 de la Constitución Nacional y la Ley 27.148.
El dictamen enfatiza que la acción de amparo busca garantizar derechos colectivos, ya que el estado actual de la ruta afecta de manera homogénea a miles de ciudadanos. En este sentido, se argumenta que una resolución favorable evitaría múltiples reclamos individuales, asegurando una solución más eficiente y equitativa.
Lo que sigue en el proceso
Con el dictamen fiscal a favor, resta que la jueza Giménez defina el curso del proceso y determine si ordenará la reanudación de la obra. En caso de que esto no sea posible por razones técnicas o legales, la asociación demandante solicitó que Vialidad de la Nación asuma la ejecución directa del proyecto en un plazo determinado.
Mientras tanto, la comunidad de La Caldera espera una resolución que destrabe la obra y permita mejorar la infraestructura vial en la zona, con el objetivo de garantizar una circulación segura y eficiente para los usuarios de la Ruta Nacional N°9.