Miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad de Buenos Aires, liderados por sus magistrados, doctores Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, visitaron este martes el Museo del Holocausto de Buenos Aires. También formaron parte de la comitiva los funcionarios y empleados de dicha dependencia.
La actividad fue organizada por el director del Museo, Jonathan Karszerbaum, junto a Laura Kvitko, Flora Acselrad y Mariana Kohan, coordinadoras del convenio firmado el año pasado por el Presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, doctor Mariano Hernán Borinsky, la fundación Memoria del Holocausto y la Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina.
El mencionado convenio tiene como objetivo la cooperación entre las instituciones en contra del racismo, la discriminación, la xenofobia y el antisemitismo, y forma parte de un proyecto llamado “Puentes Institucionales”, distinguido por la Organización de Estados Americanos (OEA), en el cual se pretende capacitar a operadores del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos sobre el Holocausto, antirracismo, derecho a la igualdad y no discriminación y la identificación y abordaje de discursos de odio.
Los miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad de Buenos Aires que visitaron el Museo del Holocausto
Los acuerdos firmados entre los operadores de justicia y el Museo del Holocausto marcan un hito en la incorporación de programas de capacitación en antidiscriminación para magistrados, funcionarios y empleados del sistema judicial. Además, resultan de vital importancia en el contexto mundial actual.
La propuesta, aprobada por el Tribunal de Superintendencia de la Cámara Federal de Casación Penal el 8 de octubre de 2024, tiene como fin desarrollar y promover de manera conjunta actividades de cooperación, de capacitación, de investigación y de difusión. En particular, coordinar visitas programadas al Museo del Holocausto de Buenos Aires, así como cualquier otra acción que pueda resultar de interés, en miras a fortalecer el desempeño de las funciones de las instituciones.
El año pasado, en el marco de ese convenio, más de 200 integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal y de otros tribunales visitaron el Museo y se capacitaron en antisemitismo y discursos de odio.
El juez Mariano Borinsky presentó el nuevo proyecto de Código Penal en Tucumán
Mariano Borinsky, juez de la Cámara Federal de Casación Penal y vicepresidente de la Comisión de Reforma del Código Penal 2024 (Foto: Maximiliano Luna)
El juez de la Cámara Federal de Casación Penal y vicepresidente de la Comisión de Reforma del Código Penal 2024, Mariano Hernán Borinsky, brindó una conferencia virtual hace dos semanas a través de la Fundación Académica Delta de Tucumán. La exposición contó con la participación de más de 300 jueces, fiscales y abogados de distintas partes del mundo y se centró en los ejes del nuevo Proyecto de Código Penal.
Borinsky presentó los principales lineamientos de la reforma y resaltó que el nuevo marco legal busca dotar a Argentina de una normativa más clara y eficiente. Según explicó, la iniciativa introduce cambios en libertad condicional, delitos patrimoniales, crimen organizado y manifestaciones públicas, con el objetivo de actualizar el sistema penal a los desafíos actuales.
Entre los puntos centrales, el magistrado destacó la restricción de la libertad condicional y el decomiso anticipado a favor del Estado. También subrayó el fortalecimiento de la legítima defensa de las fuerzas de seguridad y el endurecimiento de penas en casos de reiterancia delictiva y reincidencia.
La actualización de los delitos contra la integridad sexual ocupa un lugar relevante en la propuesta. Borinsky explicó que el proyecto incorpora sanciones más severas para delitos de pornografía infantil, grooming y abuso sexual, además de regulaciones específicas sobre inteligencia artificial en la comisión de estos delitos. También se establece un endurecimiento de penas para delitos contra el estado civil y las relaciones familiares, con un incremento de la pena máxima por compraventa de niños, que ascenderá a 15 años de prisión.
En el ámbito de los delitos patrimoniales, la reforma incluye nuevas figuras para estafas piramidales, fraudes informáticos y estafas mediante inteligencia artificial, con penas de hasta siete años de prisión y multas de entre dos y cinco veces el beneficio obtenido. Asimismo, se propone una revisión de las penas por usurpación, incendios, estragos y portación ilegal de armas, con sanciones más estrictas para quienes atenten contra la seguridad pública.
El magistrado también abordó la lucha contra el crimen organizado, anunciando penas de hasta 20 años de prisión para quienes integren estructuras criminales de carácter transnacional. En la misma línea, explicó que el nuevo código refuerza el combate contra la corrupción, el lavado de activos, el narcotráfico y el financiamiento del terrorismo, ampliando el alcance de las sanciones y los mecanismos de prevención.
Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la regulación de los delitos en manifestaciones públicas. Borinsky detalló que la propuesta prevé hasta tres años de prisión para quienes entorpezcan el tránsito sin autorización y hasta dos años para quienes arrojen objetos contundentes durante protestas. La pena se agrava en caso de agresiones a fuerzas de seguridad. Además, se incorpora una regulación específica para delitos en el deporte y en eventos masivos, con sanciones dirigidas a quienes fomenten la violencia en estos ámbitos.
El juez concluyó su exposición destacando que la reforma busca equilibrar seguridad, justicia y derechos fundamentales, proporcionando herramientas más eficaces para la prevención y sanción del delito. También respondió preguntas de los asistentes, quienes mostraron interés en los alcances de la iniciativa. “Esta reforma busca equilibrar los principios de seguridad, justicia y derechos fundamentales, brindando herramientas más eficaces para la prevención y sanción del delito”, dijo el magistrado durante la exposición con miembros y referentes del Poder Judicial.