Durante el gobierno de Alberto Fernandez, el proyecto fue muy discutido. El aporte solidario y extraordinario sobre patrimonios superiores a los $2000 millones conocido como impuesto a la fortuna, inyectó recursos suficientes para arrancar un obra que se demoraba en el despacho de Martín Guzmán. Se aceleró y concluyó bajo la gestión de Sergio Massa.
La novedad de ahora es que el gobierno libertario convocó a inversores privados para ampliar la capacidad de transporte del caño, de los actuales 22 mm3 a 36 mm3 por día. Se trata de un proyecto que presentó la empresa TGS y presupuestó en USD 700 millones. En efecto, en la convocatoria de la Secretaría de Energía se reconoce expresamente que la obra que se somete a compulsa a todos los jugadores locales e internacionales interesados es el proyecto presentado por esta compañía.
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Mas curioso aún, es que la licitación incluye la operación y mantenimiento del caño. Hasta el momento, la concesión fue otorgada por contrato a la sociedad conformada por TGS y Enarsa con vigencia hasta 2028.
Es obvio que lo va a ganar TGS, mirá si le van a sacar la operación del caño. Es un pliego hecho a medida.
“Una vez más rompen contratos despues de haberse llenado la boca con lo de la seguridad jurídica”, dijo a LPO un ex funcionario de Energía.
En la industria la lectura es otra. Intepretan que se trata de un pliego hecho a medida. “Es obvio que lo va a ganar TGS, mirá si le van a sacar la operación del caño. Es un pliego hecho a medida, mencionan a la empresa y todo. Ojo no se les convierta en otro caso Hidrovía”, advitieron a LPO desde una constructora con pie en Vaca Muerta.
“Es un mecanismo para correr al Estado del caño que de alguna manera financió”, agregaron.
Fuente: https://www.lapoliticaonline.com