En medio de un clima político marcado por divisiones internas y fragmentación, el Congreso de la Nación se encuentra en el centro de un debate sobre la posible investigación del caso de la criptomoneda $LIBRA y el papel del presidente Javier Milei. Ya se han presentado los primeros pedidos de juicio político contra el mandatario, mientras que otros sectores impulsan la creación de una comisión investigadora. Sin embargo, las disputas internas dentro de los bloques parlamentarios, incluidas las filas libertarias, y la atomización de la oposición complican cualquier avance en estas iniciativas.
El primer pedido formal de juicio político fue presentado por los diputados socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein, junto con la peronista cordobesa Natalia De la Sota. Este proyecto se suma a la estrategia que el bloque Unión por la Patria planea anunciar en las próximas horas. En paralelo, el bloque Democracia ha optado por impulsar la creación de una comisión investigadora, argumentando que el Congreso debe asumir un rol activo en la supervisión de las denuncias contra el presidente. “El Presidente no puede decirle a la gente que se va a investigar solo”, afirmó el diputado Pablo Juliano, en referencia a la Oficina Anticorrupción.
En el centro de la controversia se encuentra la Comisión de Juicio Político, cuya conformación y liderazgo han generado tensiones dentro del Congreso. Según Infobae, la diputada libertaria Marcela Pagano ha declarado ser la presidenta de esta comisión, pero desde el despacho del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, lo niegan categóricamente. “No es la presidenta”, señalaron fuentes cercanas a Menem, quienes además indicaron que la comisión aún no ha sido formalmente constituida.
Diputados de Unión por la Patria
El conflicto por la presidencia de la comisión se remonta a abril de 2024, cuando el entonces presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Oscar Zago, propuso a Pagano para el cargo. Sin embargo, esta designación fue rechazada por otros miembros del bloque libertario, lo que derivó en un escándalo que culminó con la renuncia de Zago. Actualmente, la página oficial de la Cámara de Diputados no muestra autoridades designadas para esta comisión, que está integrada por 31 miembros de diferentes bloques políticos. Para emitir dictámenes, se requiere el apoyo de al menos 17 legisladores, lo que refleja la complejidad de alcanzar consensos en un Congreso profundamente dividido.
En este contexto, los sectores que impulsan el juicio político o la investigación del caso $LIBRA enfrentan múltiples desafíos. Según Infobae, una de las opciones sería convocar una sesión especial para emplazar la conformación de la Comisión de Juicio Político. Sin embargo, este proceso podría extenderse durante semanas debido a los procedimientos legislativos y las disputas internas.
Por otro lado, la creación de una comisión investigadora también enfrenta obstáculos. Esta iniciativa requeriría pasar por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamentos, presididas por el libertario Nicolás Mayoraz y la diputada del PRO Silvia Lospennato, respectivamente. Una fuente de la Cámara Baja explicó que, incluso si se logra emplazar a un plenario de comisiones, sería necesario superar varias etapas legislativas antes de que una comisión investigadora pueda comenzar a operar. “Esto no te lleva menos de un mes para poder arrancar”, señaló la fuente.
La fragmentación política en la Cámara de Diputados representa un desafío adicional para quienes buscan avanzar en estas iniciativas. Según Infobae, la falta de cohesión entre los bloques opositores y las tensiones internas dentro de La Libertad Avanza benefician, al menos en el corto plazo, al oficialismo. En este escenario, las expectativas de lograr avances concretos en las investigaciones son bajas, aunque los proyectos seguirán llegando al Congreso.
Mientras tanto, los legisladores también están atentos a las decisiones que debe tomar el Senado, donde se discuten temas clave como la ley de Ficha Limpia y la postulación de Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema. Este contexto político podría complicar aún más el panorama legislativo en Argentina.
En definitiva, el caso de la criptomoneda $LIBRA y las denuncias contra el presidente Javier Milei han puesto de manifiesto las profundas divisiones en el Congreso argentino, donde las disputas internas y la fragmentación política dificultan la posibilidad de avanzar en investigaciones o juicios políticos.