El Concejo Deliberante habilitó a la Intendencia a efectuar una recategorización de los inmuebles o parcelas de la ciudad de Salta para determinar el valor del impuesto inmobiliario que deberán pagar los contribuyentes.
La valoración se hará en función de los servicios que presta el municipio y de las inversiones que se realizan en beneficio de los vecinos. Para la recategorización, la Intendencia deberá contar con la aprobación del Concejo Deliberante.
Esta definición surgió en el marco de aprobación de la Ordenanza Tributaria que regirá durante el 2025. La norma establece que el valor de la Unidad Tributaria (UT) será equivalente a la cifra final de la suba trimestral que se hizo en el 2024, año en el que partió de una cifra de $200.
Variación de la Unidad Tributaria
Las readecuaciones de la UT se harán en función de las variaciones mensuales del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor para la Región Noroeste, que publica el INDEC.
La concejal Alicia Vargas explicó que la UT se estableció en base a una lógica de cálculo sobre la fijada en 2023 de $200 y aseguró que el aumento representa “solo un 8,10%”.
Sobre la categorización de catastros, dijo que traerá equidad económica porque se relevarán los servicios con los que cuenta cada inmueble y se pagará por lo que realmente se recibe.
Impuesto automotor
Sobre el impuesto automotor, señaló que se pasa de un sistema basado en la UT “a uno más transparente” ya que se pagará el 2% del valor del auto, dividido en 12 pagos mensuales.
El pago de los tributos se podrá hacer de forma anual, semestral o mediante cuotas mensuales, según el valor de la UT vigente al momento de la liquidación.
El cuerpo también aprobó modificaciones en la Ordenanza del Código Tributario, que regula las obligaciones, impuestos, tasas, derechos, contribuciones y sus correspondientes actualizaciones, intereses y multas.
Se estableció ajustes en la determinación de la base imponible del impuesto automotor y en la de la tasa de inspección, seguridad, salubridad e higiene, aplicable a bancos y entidades financieras y a las exenciones generales de este tributo.
Agustina Álvarez, Elicea Sarapura, Ángel Ortiz, Gonzalo Nieva, Pablo López y Laura Jorge, votaron en contra de la Ordenanza Tributaria Anual.