Consideró que “el anuncio del despido masivo de 3.155 agentes de la AFIP (ingresados bajo procesos de selección debidamente auditados) constituye una clara violación a los derechos laborales consagrados en nuestra Carta Magna”.
Además, indicó que “los trabajadores involucrados gozan de la estabilidad garantizada por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el cual protege a los empleados públicos de la arbitrariedad y abuso de poder por parte del Gobierno”.
“Esta estabilidad no puede ser vulnerada bajo excusas administrativas ya que atenta contra la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante la ley”, añadió.
Por otra parte, afirmó que “la disolución de la AFIP no es más que un intento de debilitar al Estado y las potestades de control a su cargo, en detrimento del interés colectivo”.
“El Presidente, bajo el disfraz de una supuesta “modernización del Estado”, está desmantelando las estructuras fundamentales del Estado Nacional, destruyendo organismos esenciales para garantizar la soberanía y el desarrollo económico de la Nación”, remarcó.
Por último, el SUPARA sentenció: “Denunciamos que esta medida no solo es un golpe directo a los trabajadores, sino también un ataque a la esencia misma del Estado, socavando su rol en la protección de los bienes públicos y el cumplimiento de la ley”.
NA
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