La Justicia allanó centros médicos, escribanías y estudios jurídicos en ciudad y provincia de Buenos Aires y en Santa Fe en busca de legajos e información de 49 casos sospechosos de intermediación ilegal de entrega de recién nacidos por subrogación de vientre a ciudadanos extranjeros por parte de mujeres argentinas en situación de vulnerabilidad.
En los operativos pedidos por la fiscal federal Alejandra Mángano y ordenados por la jueza federal María Eugenia Capuchetti se secuestró documentación y actas notariales donde se habrían hecho constar supuestos consentimientos de las madres, informaron fuentes judiciales a la agencia NA.
La investigación se abrió en enero último por denuncia de la Cancillería al recibir un alerta desde Alemania, donde una ciudadana de ese país de 58 años llegó a un hospital con un bebé de tres meses de nacionalidad argentina y en muy mal estado de salud.
Desde entonces los tribunales federales de Retiro “investigan la puesta en marcha de un negocio ilícito de características trasnacionales dedicado a la explotación del cuerpo de mujeres gestantes -a través de lo que se denomina “subrogación de vientres”- y la posterior comercialización de los niños/as que nacen a partir de ese método”, explicaron fuentes.
Las sospechas apuntan a personas y empresas con sede en el extranjero y actividades en Argentina, aunque por el momento no hay detenidos. Los individuos y empresas jurídicas contra las que se dirige la investigación hacían publicidad de los servicios que brindaban a través de distintas vías de comunicación en el extranjero, mediante el cual parejas que deseaban tener hijos -que no podían llevar adelante un embarazo- los contactaban.
El “servicio” denominado “Programa Argentina” costaba unos 50.000 dólares e incluía “la selección de la persona gestante, la adquisición de los embriones a implantar, el tratamiento en sí mismo y el posterior parto”.
Las madres “gestantes” en vulnerabilidad eran contactadas a través de redes sociales se les ofrecían 10.000 dólares más un plus de 2.000 dólares más si fuera cesárea.
” Si por cualquier circunstancia el embarazo resultare interrumpido, las empresas involucradas se negaban a devengar pagos”, se explicó.
Obligadas a gestar sí o sí
Los 10.000 dólares incluían la obligación para las mujeres de realizar todos los intentos necesarios hasta lograr el embarazo, los controles y la inscripción del niño y entrega posterior.
Entre los involucrados hay agencias destinadas a la selección de las gestantes, agencias que contactaban a los clientes, clínicas de fertilidad y escribanos en lo que se investiga como un caso de “turismo reproductivo”.