La Unidad Fiscal, compuesta por los fiscales Mariana Torres, Carlos Salinas y Alda Daniela Murúa, solicitó la detención del juez Claudio Parisi, el intendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo Martínez y del abogado Roberto Ortega Serrano, todo acusados de entorpecer una investigación judicial.
Este pedido, que se presentó ante el juez de Garantías Raúl López tras la inhibición del juez Francisco Oyarzú, se fundamenta en graves acusaciones de entorpecimiento a una investigación en curso. Las acciones de los imputados, que incluyen la filtración de información sensible y la comunicación irregular entre el magistrado y el intendente sobre posibles allanamientos, frustraron los operativos que estaban programados por la Fiscalía.
Asimismo, se pidió autorización a la Corte de Justicia de Salta para realizar allanamientos en la vivienda del juez Parisi, en busca de elementos clave que puedan ayudar en la investigación.
La intervención de la Corte se hace necesaria debido a los privilegios constitucionales que protegen al magistrado, que enfrenta acusaciones de violación de secretos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y entorpecimiento de actos funcionales.
Sobre este tema, hace unos días recayeron las imputaciones contra el juez Parisi, el abogado Ortega Serrano, que implican al Intendente Martínez.
En particular, se sospecha que los nombrados intercambiaron información confidencial, relacionada a la investigación penal por el homicidio del hermano del intendente, César Daniel Martínez. La maniobra frustró allanamientos y entorpeció el curso de la investigación.
El análisis de los datos extraídos del teléfono celular de Carlos Martínez revelan conversaciones con el abogado Ortega Serrano, en las que intercambian informes confidenciales relacionados con la investigación a cargo de la Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado; que incluyen solicitudes de allanamiento sobre varios inmuebles, entre ellos el del propio intendente, así como las respuestas del juez Parisi a dichos requerimientos.
Durante el trámite del expediente, Parisi a fines de resolver el pedido de allanamiento, solicitó a la Fiscalía UGAP la remisión del legajo fiscal de investigación, extrajo copias completas, que fueron agregadas a las actuaciones y permitió posteriormente las compulsas de las mismas al abogado Ortega Serrano, quien era ajeno a la causa, con el agravante de que se encontraban medidas judiciales pendientes. Esta acción, derivó en la obstrucción de las medidas solicitadas por la Fiscalía, entre las que se encontraban el registro del domicilio de Martínez.
El secuestro del celular del Intendente, del cual se obtuvo esta información, había sido denegada por el juez de Garantías 1, Francisco Oyarzú, decisión revocada por el Tribunal de Impugnación, por la actividad recursiva de la Fiscalía.
Las imputaciones efectuadas por la Unidad Fiscal integrada por los fiscales penales Mariana Torres, Daniela Murua y Carlos Alberto Salinas, contra Claudio Alejandro Parisi fueron por incumplimiento de los deberes de funcionario público, violación de secretos y entorpecimiento de acto funcional.
Por su parte, Roberto Ortega Serrano y el intendente Carlos Alfredo Martínez fueron acusados como coautores de los delitos de entorpecimiento de acto funcional y cómplices primarios en la violación de secretos, por haberse reunido los elementos de sospecha necesarios que se requiere en este estadio de investigación.