La Justicia de Nueva York le ordenó a la provincia de la Rioja el pago de US$40 millones a los bonistas que demandaron al Gobierno que encabeza Ricardo Quintela por el incumplimiento del pago de una deuda de US$16 millones que data de febrero pasado.
El 24 de ese mes, la provincia norteña incumplió con el pago de US$26,3 millones de capital e intereses adeudados bajo sus Bonos Verdes emitidos internacionalmente. El gobierno riojano decidió pagar solo los intereses y comunicar que iniciaba formalmente un proceso de reestructuración, argumentando una situación fiscal compleja. Esa maniobra dejó un saldo deudor de más de US$16 millones, que sirvió como disparador de la causa judicial.
Meses más tarde, sin haber llegado a un acuerdo con los acreedores y habiendo incumplido otro pago similar por US$26 millones a finales de agosto, La Rioja recibe un fallo desfavorable por parte de la Justicia de Estados Unidos.
En concreto, el Tribunal de Nueva York ordenó al gobierno de esa provincia pagarle US$39,9 millones a los bonistas, más un dinero adicional que se sumará día a día.
Detalles del pago
La Rioja tendrá que abonar US$25.964.556 a Beauregarde Holdings LLP por daños, más un adicional de intereses diarios de US$6.107 hasta que se dicte la sentencia final.
Por otra parte, tendrá que abonar US$12.765.640 por daños a Beauregarde Holdings II LLP, más US$3.002 diarios y deberá pagar otros US$1.126.286 a Sandglass Select Fund, más un interés diario de US$264, también hasta que se dicte la sentencia definitiva.
El fallo fue dictado por la jueza Jessica Clarke.
El bono en cuestión es denominado en dólares y fue emitido en 2017. Durante el gobierno de Cambiemos una docena de provincias, con el mercado internacional de deuda abierto para la Nación, hicieron sus propias colocaciones de títulos en moneda extranjera. En el caso riojano, fue una emisión de un bono verde para la construcción de un parque eólico, por US$ 200 millones en una primera instancia en febrero de ese año y con US$100 millones más en agosto, con una tasa de interés de 9,75% anual.
Los bonistas, por su parte, se organizaron alrededor del bufete Quinn, Emanuel Urquhart y Sullivan especializado en este tipo de reclamos, y decidieron ir directamente a los tribunales de Nueva York, ya que el contrato del bono determina que ante un incumplimiento la jurisdicción de litigio es Estados Unidos.
En un comunicado los bonistas subrayaron que “el desprecio temerario” del gobierno de Quintela por sus obligaciones financieras “perjudica directamente a la población a la que se supone debe servir, al desalentar la inversión y, por ende, la creación de empleo y la actividad económica en la provincia”.