Ese mismo año, el MPF creó la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) para abarcar “desde la realización de investigaciones preliminares propias; la colaboración en los expedientes de otras fiscalías y/o juzgados; el registro de las investigaciones y de las estadísticas en la materia a nivel nacional; el dictado de capacitaciones y seminarios nacionales e internacionales a organismos públicos y privados; y la representación de MPF en diferentes foros regionales e internacionales”.
Según datos de la PROTEX, desde la entrada en vigencia la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, se iniciaron más de 3.700 investigaciones preliminares y se trabajó, además, en más de 16.600 denuncias recibidas a través de la línea 145.
Estas investigaciones permitieron lograr 490 sentencias en el fuero federal, en las que 976 personas fueron condenadas.
“De los 976 condenados, el 77,3% son argentinos y la mayoría varones. En cuanto a las 2.305 víctimas, el 78,6% son mujeres, un 20,9% varones y un 0,5% personas trans”, detalla el informe.
A su vez, destacan que, de las 490 sentencias relevadas, el 74,3% fue por explotación sexual y el 24,5% por explotación laboral.
Desde la PROTEX sostienen que hubo “un impacto positivo de las numerosas medidas adoptadas a lo largo de los años, especialmente en la sensibilización pública y la capacitación de operadores judiciales y de las fuerzas de seguridad”.
Asimismo, señalan que los avances en la identificación temprana de víctimas y en la coordinación interinstitucional a nivel nacional y provincial permitieron que se logren mejores resultados.
“Se sigue propugnando la investigación de la corrupción facilitadora de la trata de personas y la realización de oportunas y eficientes investigaciones patrimoniales con miras a efectivizar las reparaciones económicas a las víctimas”, explican.
Por último, destacan que se facilitó la articulación de políticas públicas y la implementación de estrategias integrales, “permitiendo la identificación de retos en la asignación de recursos y en la homogeneización de prácticas entre provincias con realidades diversas”.
NA
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