El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, encabezará la “segunda etapa” de reformas del Gobierno nacional para la “liberalización” económica y la “desburocratización” del Estado.
La agenda del funcionario estará marcada por nuevas iniciativas en el Congreso, y el telón se abrirá con la “ley de hojarascas”, el pintoresco nombre de una norma que busca remover leyes que considera “vetustas” y que implican regulaciones y trabas burocráticas.
Para un segundo acto, el ministro adelantó que se volverá a la carga sobre aspectos que quedaron fuera de la ley Bases.
Una de esos temas es una reforma judicial. Entre otros puntos, la idea es establecer el juicio por jurados en el ámbito de la Justicia federal, la digitalización de los expedientes judiciales y de las sucesiones no contenciosas, y la instauración de divorcios simplificados mediante un simple trámite en un Registro Civil, evitando juicios, mediaciones y la intervención de abogados.
También Sturzenegger anticipó que el Gobierno va por una amplia reforma educativa que aborda distintas líneas de acción.
Esta reforma, que modificaba artículos de las leyes de Educación Nacional y de Educación Superior, contenía, entre otros puntos, la declaración de la educación en todos sus niveles como servicio estratégico esencial, lo cual suponía avanzar sobre el derecho a huelga, por la obligación de garantizar un 75% del servicio durante todos los días del calendario escolar.
Otro de los ejes era la implementación de un proceso de evaluación continua y periódica de los docentes cada cinco años mediante un examen para revalidar sus capacidades y conocimientos adquiridos.
También se buscaba eliminar las restricciones a la educación a distancia para menores de 18 años, incorporando la posibilidad de esquemas semipresenciales desde cuarto grado.
Hasta el momento, la Ley de Educación Nacional permite los estudios a distancia solo a partir de los 18 años.
En cuanto al nivel medio, la idea era incorporar al finalizar el ciclo un examen integrador de matemáticas y de lecto- comprensión, y otras materias que determine la autoridad de aplicación.
Será un “examen censal obligatorio que mida los aprendizajes adquiridos y las capacidades desarrolladas por los adolescentes que egresan”.
En lo que refiere a la educación superior, se prevé que todas las instituciones deberán implementar “un examen que permita al estudiante ingresar directamente” y será potestad del alumno elegir entre ese examen único o los ciclos de ingreso.
También, y no sin polémica, se autorizaría a que las universidades que lo deseen puedan arancelar la educación de extranjeros no residentes.
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