La Policía Federal brasileña informó ayer que solicitará la extradición de los reos procesados por el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023 que han huido a la Argentina. En Brasil sospechan que al menos 8 personas de las que cruzaron la frontera podrían pedir asilo político al gobierno de Javier Milei. Pero los fugados serían más de 60.
La solicitud será formulada por la Policía Federal, en coordinación con los ministerios de Justicia y Exteriores, y deberá ser analizada por el Tribunal Supremo.
La representación de la Policía brasileña en Buenos Aires está intentando recabar los nombres de los fugitivos y los incluirá en la red de capturas de Ameripol.
Los implicados huidos a Argentina, cuyo número no ha sido precisado por las autoridades, forman parte de un grupo de 208 investigados y condenados por la asonada golpista que estaban huidos y son acusados de incumplir las medidas cautelares impuestas por la Justicia.
La Policía Federal lanzó este jueves una operación para capturar a ese grupo de fugitivos y, por el momento, ha detenido a 50, en una operación desarrollada en nueve estados brasileños, según el balance más reciente.
Los fugitivos han sido condenados o son reos en el proceso que juzga los ataques violentos contra las sedes de la Presidencia de Brasil, el Parlamento y el Tribunal Supremo perpetrados por miles de seguidores del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, en un intento de forzar un golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva.
El Supremo está procesando a más de un millar de personas por su supuesta participación en los ataques en Brasilia, y de momento ha condenado a 216 por crímenes como golpe de Estado, abolición del Estado democrático, asociación armada y daños al patrimonio público.
Bolsonaro, que gobernó entre 2019 y 2022, también consta como investigado por golpismo, en el marco de un proceso que tramita en el Supremo, pero la Fiscalía hasta el momento no ha presentado cargos formales en su contra.
La Policía sostiene que altas autoridades del Gobierno de Bolsonaro tramaron un plan para anular el resultado de las elecciones de 2022 y mantener al ultraderechista en el poder.
El capitán de la reserva del Ejército siempre ha negado cualquier tipo de vinculación con la presunta trama golpista y se ha declarado víctima de una “persecución judicial”. EFE