No solo en el Ministerio de Capital Humano se vivió una semana agitada. La crisis del gas, un problema heredado de dos décadas de desaciertos puso al gobierno ante una situación límite que le hizo comprobar que, en una administración del Estado, no basta con hacer cálculos de caja. Es cierto que Vaca Muerta viene logrando un alza sostenida en la producción de gas, pero la paralización de obras en el sistema de transporte complica el abastecimiento.
El gobierno decidió no contratar un barco regasificador en Bahía Blanca, necesario ante la falta de garantías para la distribución. Por evitar un costo de entre US$ 50 y US$ 70 millones para respaldar el sistema, el Gobierno tuvo que importar unos US$ 600 millones en combustibles líquidos (gasoil y fueloil) y GNL.
Es cierto que el intervencionismo estatal desalentó la inversión. Y a pesar de la exagerada celebración de la terminación de un tramo del Gasoducto Néstor Kirchner durante la presidencia de Alberto Fernández, lo cierto es que faltan dos plantas compresoras que duplicarían la capacidad para transportar el gas de Vaca Muerta. Y la culpa, a esta altura, ya es compartida. Paralizar la obra pública porque “no hay plata”, es decir, para ahorrar, tiene sus costos.
La reversión del Gasoducto Norte se paralizó, aunque del costo total de US$ 740 millones, solo restaban cubrir US$ 100 millones.
La crisis se veía venir. La situación ya era de “pre-emergencia” según había comunicado el Enargas a las distribuidoras cuando comenzaron los cortes en estaciones de GNC e industrias con “contratos interrumpibles”. La ola de frío en todo el país multiplicó la demanda de gas, el sistema comenzó a fallar y las importaciones contratadas no fueron suficientes. El Gobierno debió recurrir el auxilio brasileño.
Enarsa había realizado una compra directa, es decir sin licitación. Pero se planteó un problema: la empresa brasileña Petrobras rechazó el pago con una carta de crédito por US$ 21 millones, precio de un cargamento de GNL Eso implicó una reducción de 14 millones de metros cúbicos en la red de gasoductos
La secretaría de Energía convocó a un comité de crisis y junto con el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y empresas del sector pidieron auxilio diplomático.
La canciller argentina Diana Mondino se comunicó con su par de Brasil, Mauro Vieira y logró evitar el colapso.
La funcionaria se “apuntó un poroto”, porque su gestión, precedida por muchas otras comunicaciones a lo largo de estos meses, permitió limar las asperezas generadas entre Javier Milei y Lula Da Silva por aquellas imprudencias verbales durante la campaña del líder libertario.
La crisis del gas dejó preocupación en el equipo del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y en el sector privado. Otra vez, la imprevisión y la inexperiencia de los funcionarios pusieron al país al borde de una crisis.
Todo el país sabe, porque el presidente no se cansa de repetirlo, que la desinversión energética es una herencia sumamente complicada. Tanto, que ahora habrá que ver, también, los efectos del tarifazo del gas domiciliario. Pero a la “realidad catastrófica” no se la enfrenta con discursos encendidos sino con realismo.