El juez atribuyó las demoras a la pandemia, a la sobrecarga de trabajo y a la falta de personal para atender el cúmulo de expedientes en su juzgado y en los que debió desempeñarse como subrogante.
La causa por la que fue sancionado el magistrado se inició en 2015 y sólo tuvo sentencia en 2021.
Según la denuncia, el juez no respetó los plazos procesales y demoró la incorporación al expediente digital de los escritos presentados por el reclamante.
De hecho, desde el llamado a “autos para sentencia” –la instancia inmediatamente anterior al dictado de un fallo- hasta el momento de emitir la resolución transcurrieron casi dos años y medio.
La Comisión de Disciplina había aprobado, por iniciativa del diputado y abogado laboralista Héctor Recalde, una sanción de descuento del 20 por ciento del salario del magistrado.
Pero el plenario redujo a un “apercibimiento” la medida disciplinaria.
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