En los últimos días se filtró el texto de un nuevo decreto del Gobierno nacional que podría afectar a las personas con discapacidad. El proyecto apunta a desregular el financiamiento de prestaciones . Distintas asociaciones del sector protestan frente a la Legislatura provincial por la medida y piden la intervención de la provincia.
La manifestación es protagonizada por familias de personas con discapacidad, fundaciones, centros terapéuticos e instituciones especializadas, preocupadas por lo que califican de “un recorte de derechos” de este sector vulnerable de la comunidad.
Desde el sector de transporte de personas con discapacidad señalaron que piden al Gobierno nacional que no firme el decreto de desregulación del nomenclador del sector de discapacidad.
“Esto significa que las obras sociales van a poder poner el valor que ellos dispongan de manera arbitraria, porque no van a tener ningún control sobre lo que deben y no deben hacer”, explicaron. Y aseguraron que de prosperar la iniciativa van a producir un “quiebre del sector de la discapacidad”.
Desde diversas entidades sostienen que el decreto no solo implica una desregulación sino también una desvinculación del Estado, que deja en manos de las obras sociales los precios de las prestaciones. “La Nación ya no va arbitrar entre los pacientes, los prestadores y las obras sociales. Es decir que hay muchas prestaciones que no se van a dar. Por eso venimos a luchar por el derecho de todos y que tengan la libertad de elegir el prestador que quieran y que todos tengan trabajo”, dijeron.
Aseguran que los más afectados van a ser las personas con discapacidad. Por otra parte se quejaron, que en algunos casos los prestadores no cobran desde hace seis meses los servicios. “Queremos una intervención de la Provincia ante Nación. El transporte de discapacitados está en emergencia, ya no vamos a poder circular si no se resuelve la situación ya que el decreto está a la firma”, explicaron.
Señalaron, además, que la Comisión de Salud de Diputados los recibirá hoy con el petitorio, en el que piden que la provincia adhiera a la modificación de la Resolución 24.901 que garantiza los derechos de los discapacitados, para afianzar los servicios que tienen las personas con discapacidad. Adelantaron que harán entrega de un mismo pedido al gobernador Gustavo Sáenz.