El secretariado general en pleno de las entidades gremiales agrupadas en la CGT Regional Jujuy se reunirá mañana desde las 9 en la sede de Upcn (Gorriti 348), donde analizará el proyecto de ley para declarar la Emergencia de la Provincia.
Los gremialistas, en desacuerdo con varios puntos incluidos en el documento girado por el Ejecutivo provincial, se anticiparán al plenario de comisiones previsto también para mañana a las 17 en la Legislatura de Jujuy, donde los diputados comenzarán a debatir sobre el mismo.
A horas de tomar estado parlamentario el proyecto en la sesión ordinaria del pasado martes, las autoridades sindicales cuestionaron algunos puntos de la iniciativa, que tiene como objetivo planificar la acción gubernativa en la Provincia.
Desde la entidad sindicalista madre se escuchó decir que el Ejecutivo provincial intenta cercenar los derechos de los trabajadores con su plan de acción gubernamental para la emergencia.
Ese mismo martes también se convocó urgentemente al “contra plenario”, donde cada dirigente expresará su posición concreta sobre el texto del proyecto.
“Nadie puede estar de acuerdo cuando se cercenan los derechos de los trabajadores”, aseguró el secretario gremial de la CGT Regional Jujuy, Freddy Berdeja.
Detalló que mediante el plan de acción gubernativa “ya no habrá ascensos, nadie pasará a planta permanente, se revisarán los contratos de los trabajadores, las recomposiciones salariales sentirán una merma. Esta situación nos preocupa mucho y en especial el artículo 4º”.
El citado artículo señala que “podrá reasignarse el personal profesional, técnico, administrativo y de servicios que resultare necesario por el tiempo que fuere menester”.
En el punto 2 se prohíbe “la contratación de nuevo personal en cualquier cargo y modalidad, ya sea con Contrato de Servicio u Obra, de manera temporal o permanente, debiendo cubrirse las necesidades con el personal existente”.
Asimismo expresa que la renovación de los contratos procederá siempre que tenga una evaluación de desempeño de funciones favorable; en el 3 se aclara que durante la vigencia del Plan “no se recategorizará a ningún empleado público, ni se otorgarán nuevos adicionales de cualquier tipo, ni se harán nuevos pases a planta permanente”.
El 4 se refiere a dejar “sin efecto las prestaciones de servicio en carácter de ‘horas extras'”, y “únicamente se autorizarán las que se requieran por estrictas razones de servicio a petición y bajo responsabilidad de los ministros”. En el Poder Legislativo la autorización será responsabilidad de los secretarios y en el Judicial, del juez.
En el 5 propone suprimir “el pago de subrogancias y el reconocimiento por tal causa, sin que ello afecte derechos adquiridos”.
Y el 6 apunta que en los tres poderes provinciales “cuando el personal reúna los requisitos de edad y de servicio para acceder a la jubilación ordinaria, iniciará los trámites pertinentes. La relación de empleo se mantendrá hasta que el agente obtenga el beneficio o durante el plazo máximo de seis meses”.
“Concedida la jubilación ordinaria o vencido dicho plazo o si el agente ha excedido el límite de edad (más de 65 años) la relación de empleo público quedará extinguida. Las mujeres deberán realizar la opción para continuar en el empleo hasta los 65 años en un plazo de 16 días corridos desde el momento en que alcance los 60 años de edad”.
El gremialista afirmo que los trabajadores “estamos dispuestos a redoblar esfuerzos y colaborar en lo que tenga que ver con mejorar el funcionamiento del Estado, pero no aceptamos que el ajuste deba ser siempre de ellos”.
“Cuando las cosas estuvieron bien, tampoco vimos el beneficio del Estado provincial y nacional. Ante esta emergencia, fruto de políticas erróneas del Gobierno nacional que nos llevaron a esta situación, no es justo que la paguen los trabajadores ni los jubilados”, prosiguió Berdeja.
Más adelante dijo estar de acuerdo con evitar gastos superfluos en el Estado provincial y municipal, “pero eso no debe ser el salarios de los trabajadores. Hay que buscar una recaudación adecuada y proporcional a los ingresos de cada contribuyente”.
En la CGT Regional observan con mucha preocupación el tratamiento legislativo del proyecto enviado por el Ejecutivo provincial y en particular, como ya se dijo anteriormente, el artículo 4″.
“Si hay que poner al Estado provincial en emergencia estamos de acuerdo, pero no con el salario y las condiciones de trabajo de los trabajadores”, y “todo lo demás que se pueda revisar estaremos de acuerdo, donde deban evitarse gastos superfluos hay que hacerlo, pero no entrar en el análisis de que el costo lo pague una vez más los trabajadores”.
Al día siguiente de la tercera sesión ordinaria, la CGT Regional Jujuy solicitó al presidente del cuerpo legislativo provincial, Alberto Bernis, “una audiencia; estamos expectantes por el miércoles para saber si tenemos una repuesta positiva”.
En el “contra plenario” de mañana, los dirigentes gremiales en primer lugar analizarán el proyecto debatiendo artículo por artículo, y determinarán las medidas que crean convenientes. A partir de ahí, definirán una acción entre todos los sindicatos unidos en la CGT Regional.
En sintonía con el rechazo generado en diferentes sectores laborales, apuntó que no sólo “esto afectará a los trabajadores estatales, también a los privados. En Jujuy, lo que mueve la economía es el salario de los estatales, y si se ven reducidos y estancados, sin dudas se verá perjudicado el comercio, la construcción, prácticamente todo”.
El salario de los empleados estatales en Jujuy “casi es el 80% de lo que mueve la economía en la provincia”, aseguró.
Plan de Acción Gubernativa en Emergencia
Algunos de los objetivos del Plan de Acción Gubernativa en Emergencia, son: Promover la defensa de la economía provincial, su reactivación económica y ocupacional; mejorar y diversificar soluciones al problema de vivienda, equipamiento comunitario y servicios conexos; proveer la ampliación de la cobertura de salud; brindar mayores y mejores servicios de educación y cultura, particularmente a los sectores más necesitados; mejorar la seguridad y protección de la población; desarrollar políticas de cuidado ambiental, gestión eficiente de los recursos naturales, desarrollo de energías renovables y limpias; asegurar que todos los habitantes de la provincia cuenten con los servicios esenciales que garanticen su calidad de vida; apoyar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas productoras de bienes y servicios; promover la organización, reordenamiento y ajuste de la administración pública; garantizar el acceso al transporte público, y proveer el equilibrio fiscal, disminución del gasto y pasivo.