Sebastián González, digital energy manager de Schneider Electric, explicó a Télam que los consorcios “en caso de no compensar los valores según indica la resolución (es decir, no pasar de 0,85 a 0,95), tendrán penalidades que se calculan en base al régimen tarifario de los contratos de concesión de Edesur y Edenor, incurriendo en elevados costos de facturación”.
Por su parte, el especialista en Marketing de Producto de ABB, Rafael Caputo, aseguró que “si se hacen las cosas bien, el consorcio se adecua y no tiene que pagar ninguna multa, pero hay que comprar el equipo que corrige la situación”.
En la resolución 85 del 2 de febrero de este año, el ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) especifica que “si de las mediciones efectuadas surgiese que el factor de potencia es inferior a 0,95, la distribuidora notificará al usuario tal circunstancia, otorgándole un plazo de 60 días para la normalización de dicho factor”.
“Si una vez transcurrido el plazo aún no se hubiese corregido la anormalidad, la distribuidora estará facultada a aumentar los cargos”, indicó el Ente, que agregó que eso se hará “a partir de la primera facturación que se emita con posterioridad a la comprobación de la anomalía y hasta tanto la misma no sea subsanada”.
También precisa que “cuando el valor medio del factor de potencia fuese inferior a 0,60, la distribuidora, previa notificación, podrá suspender el servicio eléctrico hasta tanto el usuario adecue sus instalaciones a fin de superar dicho valor límite”, aunque debe aclararse que es altamente improbable que un edificio opere con un factor de potencia tan bajo.
Caputo manifestó a Télam que con el nuevo factor de potencia “habrá un ahorro de energía que no se va a notar en la factura, porque los kilovatios van a ser los mismos, ya que el ahorro va a ser de la energía reactiva que, de hecho, no se pagaba”.
“Pero sí habrá una mejora para el sistema eléctrico, el beneficio para el usuario es que va a aumentar la confiabilidad de la red, va a haber menos probabilidad de cortes y los cables del edificio no van a estar tan calientes como hoy, con un sistema que está sobrecargado”, finalizó.
Los edificios y grandes usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) deberán instalaren el curso de 2024, con el propósito de mejorar el factor de potencia y, de esa manera, ayudar a la mejora del sistema eléctrico en general, para tornarlo más seguro y eficiente.La medida dispuesta por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) demandará a los consorcios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano una inversión estimada en el equivalente aPero como contrapartidaLa instalación de los capacitores implicará para administradores y consorcistas una serie de consultas y pedidos de información, presupuestos y modalidades de financiamiento habitualmente circunscripto a profesionales especializados, a los que recurrió Télam para que expliquen qué son esos aparatos y en qué consiste el factor de potencia.”El factor de potencia es una medida de rendimiento o de aprovechamiento de la energía, una proporción entre la energía activa y la reactiva”, indicó, especialista en Marketing de Producto de ABB, lo que lleva, además, a explicar cuál es la diferencia entre los dos tipos de energía.Al respecto, Caputo señaló que “a la electricidad se le puede dar distintos usos, por ejemplo, generar luz: si se tienen 10 lamparitas y cada una consume 1 watt, a la empresa se le va a contratar por un consumo de 10 watts; también genera calor a través de estufas o termotanques, con lo que se sumarían 10 watts más”, en lo que constituye la denominada energía activa.”Pero también puede generar movimiento a través de un motor eléctrico, como el de un lavarropas – agregó- y ahí cambia la ecuación, porque si bien se hace el contrato por 30 watts,”.Esto representa una sobrecarga de la red, en tanto “el conductor está más exigido por un magnetismo que no se está pagando”, planteó, en referencia a la energía reactiva.Hasta el momento,Si bien eso constituye una novedad para el AMBA, “es algo que ya existe en prácticamente todo el resto del país desde hace años”, indicaron a Télam desde la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (Cadieel), donde advirtieron que el factor 0,85 para CABA y el conurbano “viene de la época de SEGBA”, la compañía estatal privatizada en 1992.Caputo coincide con esa descripción y”El 0,85 es un factor de potencia muy viejo y no hay razones técnicas para mantener ese valor”, argumentó.Pero esa adecuación no vendrá sola ni será – al menos inicialmente- gratuita, sino que implicará la instalación de los capacitores.Para, digital energy manager de Schneider Electric, los capacitores “son soluciones rentables, fáciles de instalar y poner en servicio, seguras y listas para la administración de energía, que pueden aumentar la eficiencia energética y la productividad de sus instalaciones”.En ese sentido, enumeró a Télam losDesde el ENRE, precisaron a Télam queEse plazo regirá “por los primeros dos años desde la publicación de la resolución”, es decir hasta febrero de 2026 y se reducirá a partir de entonces a 60 días.De todos modos, aclararon que,La compra e instalación masiva de capacitores dará en un plazo breve lugar el planteo de varias dudas, entre las que sobresalen el precio, las posibilidades de financiación, las opciones que se ofrecen en el mercado y los centros de venta.Losdependerán de las dimensiones del edificio y las opciones adicionales que ofrezcan las empresas (instalación, mantenimiento, servicios de post-venta, etc) pero Caputo estimó “un”.”Para un edificio de 50 departamentos con un consumo promedio de 300 kw mensuales por unidad, se necesitaría un capacitor de 100 kva, unos US$ 5.000 dólares por un tablero de capacitores”, señaló, además de explicar que un tablero de esa capacidad “mide aproximadamente 1 metro por un 1metro, con 30 centímetros de profundidad y se instala en la pared, donde está el tablero eléctrico general”.Al tratarse hasta ahora de un artefacto sin un uso masivo,En cuanto a las opciones de financiación, hasta el momento los bancos no cuentan con líneas específicas, más allá de una cuenta especial para consorcios que tiene el Banco Ciudad.