El juez Federal Sebastián Casanello decidió actuar en la causa que pide la inconstitucionalidad del protocolo antipiquetes.
a que presente “en las próximas 72 horas” un informe que detalle los “fundamentos jurídicos” de su aplicación y “si fueron consultadas” la Secretaría de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil u organismos internacionales.respecto del dictado de la Resolución nro. 943/2023 (protocolo antipiquete)”, detalló el documento firmado por Casanello, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 7.En ese informe solicitado a Seguridad, el magistrado pide que se indiquey remitiendo su hoja de ruta y los dictámenes jurídicos previos realizados”.entre ellos el Ministerio de Justicia de la Nación -y su Secretaría de Derechos Humanos-, y si fueron consultadas -formal o informalmente- organizaciones de la sociedad civil y/u organismos internacionales”, agrega la orden judicial.Casanello pide “precisar los fundamentos jurídicos considerados para adoptar los lineamientos incluidos en el ‘Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación'” y si existió un examen de adecuación a las normas internacionales de derechos humanos”.”Del mismo modo deberá informar si el dictado de esa resolución fue acompañado y/o precedido del dictado de otros actos administrativos que lo complementen, aclaren y/o modifiquen; en su caso, deberá aportarlos junto con sus antecedentes”, remarca el texto.”se recibieron denuncias en orden a excesos en el ejercicio de las funciones de las fuerzas policiales y de seguridad federales en cumplimiento de tales lineamientos, haciendo saber qué medidas llevó a cabo en consecuencia”., cuando aseguró que la iniciativa que prohíbe que sean cortadas calles y rutas durante protestas “amenaza derechos políticos”.por fin un juez acepta nuestra causa contra el protocolo represivo, que iniciamos el 18 de diciembre como ‘acción declarativa de inconstitucionalidad'”, dijo Fierro en un comunicado.La legisladora calificó la medida judicial como “un primer paso positivo” y pidió que “cuanto antes” Casanello “suspenda el protocolo y lo declare inconstitucional”.El dirigente del MST Alejandro Bodart consideró al protocolo como “una muestra más del régimen político totalitario que pretende imponer el gobierno de Javier Milei” y dijo que forma parte de “un estado de sitio de hecho”.