El TSJ falló hoy en base a un recurso introducido en 2017
Elderatificó este viernes la inhabilitación para ocupar cargos públicos de la exasambleista, elegida candidata de la oposición para las elecciones presidenciales de este año, lo que deja prácticamente en vía muerta al acuerdo del Ejecutivo con el antichavismo para encarrilar el proceso electoral., proclamado presidente interino hasta enero de 2023 en un intento por derrocar al gobierno del presidente, señaló elen la sentencia.Para la corte, esa trama “propició el bloqueo criminal a la, así como también el despojo descarado de las empresas y riquezas del pueblo venezolano en el extranjero, con la complicidad de gobiernos corruptos”., de 56 años, había sido sancionada por un año en 2015, en principio por asistir como “embajadora alterna” de Panamá a una reunión de la, donde denunció supuestas violaciones adurante las protestas que ese año pedían la salida dey dejaron 40 muertos.Pero en junio de 2023, la sanción fue extendida a 15 años bajo el argumento de que la Contraloría seguía investigándola.fue nombrado presidente encargado en 2019 y reconocido por varios países –incluyendo- pero en los hechos nunca tuvo mando, excepto sobre algunas cuentas en el exterior que países que desconocían apusieron a cargo de la oposición.Dejó el cargo en diciembre de 2022, cuando la misma(AN, Parlamento) que lo había elegido ya no tenía mandato, aunque se consideraba con “continuidad administrativa” sesionando en el exterior.En las elecciones primarias autogestionadas que hizo la Plataforma Unitaria –que agrupa a casi toda la oposición- en octubre último, Machado logró más del 90% de los votos y ganó entonces la postulación a la presidencia para los comicios de este año.De hecho, la exasambleista siguió con su campaña aunque seguía inhabilitada, en parte porque el acuerdo Gobierno-oposición de octubre hablaba de respetar la elección de cada fuerza sobre candidatos 2024.dijo que el entendimiento estaba “herido de muerte” por los supuestos planes de conspiraciones y magnicidio que, según el Gobierno, fueron detectados por las fuerzas de seguridad y por los cuales hay una treintena de detenidos.El anuncio sobre la suerte futura dedejó en segundo plano otras decisiones de la Corte, entre ellas la ratificación de la inhabilitación contra el también opositor y dos veces candidato presidencial, quien replicó que nunca podrán inhabilitar “el sentimiento de cambio de los venezolanos”.enfrentó en elecciones en 2012 ay un año después a, y en 2017 fue inhabilitado por supuestas irregularidades administrativas cuando fue gobernador del estado Miranda (2013-2017), que abarca parte de Caracas.El dirigente, que desistió de participar en las primarias opositoras de octubre aunque inicialmente se había anotado, no se apegó al mecanismo acordado en Barbados.”Esta solicitud no cumple con los requerimientos establecidos y exigidos en el Acuerdo de Barbados firmado el 17 de octubre de 2023 y en consecuencia el ciudadanoestá inhabilitado por quince años para el ejercicio de funciones públicas”, indicó la sentencia, según la agencia AFP y el sitio de El Universal.: “Lo que nunca podrán inhabilitar es el sentimiento de cambio de los venezolanos. Hoy más que nunca, que nada ni nadie nos saque de la ruta electoral, del ejercicio del derecho al voto, que los venezolanos tengamos una alternativa que compita y pueda cambiar al peor gobierno de la historia”.De accionar en línea con las aspiraciones del oficialismo, elcreó un mecanismo de impugnación de inhabilitaciones para quienes aspiran a postularse a las presidenciales de este año, bajo presión de Estados Unidos y como salida a los acuerdos firmados en Barbados entre el Ejecutivo y la oposición, en el proceso que medió Noruega.En sus fallos de la jornada, ladecidió habilitar a Leocenis García, un expreso y dirigente no alineado con la oposición tradicional; a Richard Mardo, un exparlamentario; y al exgobernador del estado Zulia Pablo Pérez.Las inhabilitaciones son un mecanismo que el chavismo usó para impedir la participación de algunos rivales, aunque formalmente son sanciones que impone la Contraloría.La ley faculta a ese organismo a tomar medidas contra funcionarios bajo investigación, aunque la Constitución establece que solo una sentencia judicial “definitivamente firme” impide aspirar a la presidencia.Por la mañana, elhabía adelantado en su cuenta de X que “cumpliendo con la Constitución, las leyes vigentes, y en el marco del Acuerdo de Barbados, la Sala Político Administrativa procederá a publicar en el transcurso del día las decisiones tomadas en todos los casos de inhabilitación a partir de las solicitudes”.