En el marco de la causa por el daño ambiental detectado en el área de explotación hidrocarburífera “Loma de Olmedo X-10”, ubicada en Pichanal, el Ministerio Público Fiscal de Salta avanzó esta semana con nuevos requerimientos ante la Justicia para garantizar una respuesta integral y efectiva. En una audiencia celebrada en el Juzgado de Garantías N.º 2 de Orán, la fiscal civil, comercial y del trabajo Marcela de los Ángeles Fernández se constituyó como actora civil para exigir la recomposición del ambiente afectado.
La presentación se realizó en coordinación con la fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes; el secretario relator especializado en Medio Ambiente e Intereses Difusos de la Procuración General, Sebastián Lloret; y el jefe del Servicio de Ingeniería y Química Forense del CIF, José Manzano. Uno de los principales pedidos fue la realización de una prueba pericial anticipada, a cargo del CIF o, en su defecto, de peritos de universidades nacionales, a fin de preservar la evidencia del daño ambiental e impulsar su eventual reparación.
“La afectación al ambiente es un daño a la sociedad. Por eso estamos hablando de un interés colectivo, que nos involucra a todos”, sostuvo la fiscal Fernández, quien además citó al Estado provincial como tercero obligado a intervenir en la acción ambiental.
Magnitud del daño
La fiscalía solicitó que un equipo interdisciplinario del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) realice un reconocimiento judicial del sitio afectado y elabore un dictamen técnico-científico completo que determine la magnitud y características del daño. La intervención estará liderada por el Servicio de Ingeniería y Química Forense del CIF, cuya función será clave para establecer los factores de impacto y orientar posibles medidas de remediación.
Entre las tareas que deberá realizar el CIF se encuentran la toma de muestras de suelo, agua y gases, el análisis de dispersión de contaminantes, la detección de hidrocarburos o residuos peligrosos en las napas, y el ensayo de infiltración para medir la posible migración de sustancias contaminantes. Además, se pedirá al equipo que documente audiovisualmente el área, registre fallas de operación o contención, y evalúe si hubo omisiones en los protocolos de seguridad ambiental por parte de la empresa President Petroleum.
Especialistas
Ante la posibilidad de que el CIF no cuente con toda la capacidad técnica requerida para determinados estudios de alta complejidad, la fiscalía propuso convocar a expertos de universidades públicas o instituciones científicas de reconocida solvencia, con el fin de asegurar la transparencia, rigurosidad y objetividad del peritaje. Esta evaluación anticipada será clave tanto en el proceso penal como en la acción civil.
Piden a la empresa que acredite el seguro obligatorio
De manera paralela, en la audiencia multipropósito iniciada el 27 de mayo, la fiscal penal María Sofía Fuentes exigió a la empresa President Petroleum S.A. y a la Secretaría de Minería y Energía que acrediten la existencia de la póliza del Seguro Ambiental Obligatorio (SAO), un instrumento clave que establece la ley nacional para responder ante daños por actividades de riesgo.
La empresa, en su descargo, presentó una póliza de “Seguro Técnico de Energía” emitido por Federación Patronal, pero la fiscal consideró que este instrumento no cumple con los requisitos legales del SAO. “La responsabilidad empresarial no puede limitarse al lucro: debe garantizar mecanismos que aseguren la reparación de los daños y la protección de la comunidad”, advirtió.
Desde 2009, la Provincia de Salta cuenta con la Unidad Provincial de Implementación de Sistemas de Manejo de Riesgos y Seguros Ambientales (UPISMA), cuyo objetivo es justamente velar por la cobertura frente a posibles impactos ambientales. La fiscalía remarcó la necesidad de que el sector privado se ajuste a esos estándares.
El pozo LO-X10, operado por President Petroleum, se encuentra en el corazón del área Lomas de Olmedo. A mediados de mayo, El Tribuno reveló que un derrame no controlado había generado alarma entre puesteros rurales de la zona, quienes denunciaron malos olores, presencia de gas en el ambiente y posibles afectaciones a animales y al agua subterránea.
La situación motivó la creación de un Comité de Crisis, integrado por técnicos de distintas áreas del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable. Entre las primeras acciones desplegadas estuvieron el emplazamiento de un cercado perimetral, análisis de suelos y gases, y el aislamiento del área del pozo, que había comenzado a exudar hidrocarburos desde la pileta principal.
La situación fue calificada por el Gobierno provincial como “una contingencia seria que requiere máxima atención” y se resolvió avanzar con un plan de sellado definitivo del pozo, aunque hasta el momento no se informaron los resultados.
La empresa
En paralelo, la empresa President Petroleum afirmó públicamente que no existió contaminación relevante y que el evento fue “contenido con las medidas de seguridad correspondientes”. Sin embargo, la Fiscalía insiste en la necesidad de pruebas independientes y la actuación de peritos externos para garantizar transparencia.
President Petroleum se desligó ayer de las responsabilidades por los derrames del pozo LO-x10 de Lomas de Olmedo, que está fuera de control desde hace dos años con impactos en el ambiente. Así,dejó traslucir los planteos que llevaría al fuero federal para cargar sobre YPF las responsabilidades por el pasivo ambiental del descontrolado pozo.