Luego del fallo de la Corte Suprema que dejó firme su condena en la causa Vialidad, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner podría acceder a un régimen de prisión domiciliaria, amparada por la Ley 26.472, al haber cumplido 72 años el pasado 19 de febrero. La decisión final quedará en manos del Tribunal Oral Federal N.º 2 (TOF 2), que lleva adelante el legajo de ejecución de la pena.
Actualmente, se analizan tres posibles domicilios donde la ex mandataria podría cumplir la condena si se aprueba ese beneficio. El más probable, según fuentes del Partido Justicialista, es un departamento en el barrio porteño de Recoleta, ubicado en las inmediaciones de avenida San Juan y calle San José. Allí vive también su hija, Florencia Kirchner, lo que representa una ventaja en términos familiares y logísticos. Además, se trata de una propiedad discreta y alejada del nivel de exposición que tenía su anterior vivienda.
Hasta el intento de asesinato ocurrido el 1 de septiembre de 2022, Cristina residía en su histórico departamento de Recoleta, en la esquina de Juncal y Uruguay. Ese inmueble, ampliamente conocido y expuesto mediáticamente, fue epicentro de múltiples protestas y movilizaciones, lo que llevó a la ex mandataria a buscar un lugar más reservado.
Otra alternativa posible es su casa en El Calafate, Santa Cruz, donde figura su domicilio legal. Sin embargo, su actividad política más intensa en la Ciudad de Buenos Aires —tanto en la sede del PJ como en el Instituto Patria— y la necesidad de estar cerca de los tribunales, juegan en contra de esa opción por la distancia y los traslados judiciales que implicaría.
En un escenario de emergencia o mientras se define el lugar definitivo, se contemplan opciones transitorias, como el traslado a la Alcaidía de Mujeres ubicada en Cavia y Figueroa Alcorta, o incluso el alquiler de una vivienda en el conurbano bonaerense.
El proceso para otorgar la prisión domiciliaria no es automático. El tribunal —integrado por los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu— debe analizar informes socioambientales, los planteos de la defensa de Cristina Kirchner, encabezada por Carlos Beraldi, y las posibles objeciones de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.
La metodología habitual consiste en citar a los condenados a Comodoro Py para formalizar su detención. Ese fue el criterio aplicado en otros casos resonantes como la tragedia de Once, la causa contra Ricardo Jaime y la Ruta del Dinero K.
A diferencia de otros imputados como José López y Lázaro Báez —ambos con múltiples condenas previas—, esta es la primera condena firme que recibe Cristina Kirchner. En el caso de Báez, que cumple arresto domiciliario en El Calafate por otra causa, se evalúa su eventual regreso a una prisión común.
Además de la pena de prisión, el fallo también estableció su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por lo que el TOF 2 deberá informar a la Cámara Nacional Electoral para su exclusión del padrón. Esto impide que Cristina Kirchner pueda postularse o votar en las próximas elecciones legislativas.