La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este martes la condena contra la ex presidenta y ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, por la adjudicación fraudulenta de obras públicas al empresario Lázaro Báez durante sus mandatos. La decisión del máximo tribunal implica que la dirigente peronista deberá cumplir prisión domiciliaria y queda inhabilitada de manera permanente para ejercer cargos públicos, lo que le impide ser candidata en las elecciones legislativas de 2025.
El fallo ratifica lo resuelto el 13 de noviembre de 2024 por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que había confirmado la sentencia dictada en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal N.º 2. En esa resolución, Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La resolución de Casación —de 1.541 páginas— también alcanzó al empresario Lázaro Báez y a varios ex funcionarios: José López (ex secretario de Obras Públicas), Nelson Periotti (ex titular de Vialidad Nacional), Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, José Santibañez, Mauricio Collareda y Raúl Daruich, todos con penas que van desde los 3 años y 6 meses hasta los 6 años de prisión. En todos los casos, el tribunal encontró acreditado que entre 2003 y 2015 existió una maniobra fraudulenta para beneficiar a Báez con la adjudicación de contratos viales en Santa Cruz, generando un grave perjuicio a las arcas del Estado nacional.
El voto mayoritario estuvo integrado por los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes confirmaron las condenas sin agregar nuevos delitos. En disidencia, Gustavo Hornos sostuvo que también debía sumarse el cargo de asociación ilícita contra la ex mandataria, como había solicitado la Fiscalía.
Además, la Cámara confirmó las absoluciones de Julio De Vido (ex ministro de Planificación Federal), Abel Fatala (ex subsecretario de Obras Públicas), Héctor Garro y Carlos Kirchner —primo del fallecido presidente Néstor Kirchner—, cuya absolución fue confirmada por prescripción de la acción penal.
“Desde 2003 a 2015 funcionarios públicos nacionales y provinciales, entre los que se encontraba la dos veces presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, llevaron a cabo una maniobra fraudulenta que perjudicó de manera trascendente a las cuentas del Estado nacional, pues se desvió el dinero público en favor del empresario Lázaro Antonio Báez a partir de la asignación de obra pública vial a sus empresas”, afirmaron los jueces de Casación.
Como parte de la condena, también se ordenó el decomiso de unos 84.000 millones de pesos relacionados con los contratos investigados.