Los seis condenados en la causa de lavado por la “Ruta del dinero K” que deben comenzar a cumplir sus condenas de prisión comenzaron a presentarse esta mañana en los tribunales de Comodoro Py para quedar detenidos. El primero en hacerlo fue Fabián Rossi, con una pena de cuatro años y seis meses de prisión, ex apoderado de la financiera S.G.I y que tomó notoriedad en la causa porque entonces era el marido deIliana Calabró.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que Rossi se presentó cerca de las 9 horas en el Tribunal Oral Federal 4, en el sexto piso de los tribunales de Comodoro Py. Lo hizo una hora y media antes del horario en el que había sido convocado. Ingresó al tribunal para cumplir con los trámites de detención y luego será trasladado a la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA).
Además de Rossi quienes deberán presentarse hoy para quedar detenidos son Rossi,Julio Mendoza, ex presidente de Austral Construcciones -la empresa de Báez-,Juan Alberto De Rasis, ex empleado del banco suizo a través del que se hicieron las operaciones de lavado,César Fernández, ex empleado de la financiera S.G.I, el empresario Carlos Molinari y de Eduardo Castro.
Lo tienen que hacer a las 10:30 horas. Así lo dispuso el viernes el juez del Tribunal Oral Federal 4 Néstor Costabel luego del pedido del fiscal federal Abel Córdoba. Se trata de los condenados del caso que nunca estuvieron detenidos y que tienen penas de cumplimiento efectivo.
La Corte Suprema confirmó la semana pasada las condenas de todos los condenados por el lavado de 55 millones de dólares del empresario de Lázaro Báez que se hizo mediante empresas y bancos en el extranjero.
Las defensas de los seis condenados que hoy deben quedar detenidos ya pidieron sus prisiones domiciliaria por razones de salud y de edad, ya que tienen más de 70 años varios de ellos. Sobre esos planteos, el juez resolvió analizarlo en legajos apartes. Es un proceso que lleva la realización de estudios médicos y determinar si en prisión sus patologías pueden ser atendidas. Hasta que eso ocurra quedará detenidos en una dependencia policial o del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
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