Ante el desastre ambiental y biológico causado por el derrame petrolero en Lomas de Olmedo, el juez Ramiro Morizzio dictaminó que “todos los gastos deberán ser afrontados por la empresa concesionaria, sin trasladar responsabilidades a terceros”. Fuentes entendidas aseguraron a El Tribuno que las intervenciones necesarias para sellar las fugas del pozo LO-x10 demandarán una inversión del orden de los 15 millones de dólares, porque se deberá traer equipos especiales y perforar al menos un pozo de alivio, para interceptar las fugas, aplicar técnicas de sellado y controlar los derrames.
Las fuentes adelantaron que President Petroleum trasladaría las responsabilidades a YPF, empresa que perforó el pozo LO-x10 en la década del ochenta, aduciendo que en ese pozo inactivo y descontrolado no hizo intervención alguna como continuadora de la larga cadena de operadoras que arrancó con EPP, tras la privatización menemista de los noventa, y siguió desde 2008 – ya con el dominio originario del área reasumido por la Provincia- con infinidad de decretos y resoluciones del gobierno de Juan Manuel Urtubey que cambiaron las participaciones accionarias, los derechos extractivos y trasladaron obligaciones del pasivo ambiental, de mano en mano, dejando a infinidad de pozos inactivos del área Puesto Guardián sin los debidos sellados.
La definición de las responsabilidades por el derrame del pozo LO-x10 seguiría el derrotero que tuvo en la Justicia Federal el largo contencioso que entabló una de las anteriores operadoras de Puesto Guardián, Petrolera San José, tras los derrames del pozo MdT-14, en el yacimiento Martínez de Tineo. Aquel desastre, que empezó a denunciarse en 2006, llevó varios años de pleito judicial. El fuero federal, recién en 2010, terminó de dirimir acciones y cargó la responsabilidad sobre YPF. La empresa, que por esos años estaba en manos del grupo español Respol, tuvo que traer equipos especiales desde el sur del país y logró sellar al MdT-14 en 2012, tras seis años de derrames y dos años de intervenciones, con un millonario costo en dólares.
La deuda de President Petroleum
La situación de President Petroleum es aún más grave, porque en octubre de 2024 se presentó en concurso, con una deuda de 61,3 millones, de los que 48 millones de dólares se corresponden con vencimientos de corto plazo. Ante la Justicia concursal de Buenos Aires la firma declaró que durante los primeros nueve meses de 2024 tuvo un flujo de caja negativo de 9 millones de dólares y su producción petrolera cayó un 20% respecto al año anterior.
Sin capacidad para sostener sus operaciones en Río Negro, acaba de desprenderse de tres áreas de esa provincia: Las Bases, Puesto Prado y Puesto Flores/Estancia Vieja, pilar de la producción petrolera con la que garantizó una serie de obligaciones negociables emitida en 2022. El gobierno rionegrino puso esas áreas en manos de una pyme local, Brava Ingeniería, con un acuerdo por tres años, respecto al cual aún se discute quién y de qué manera se hará cargo del pasivo ambiental.
En noviembre de 2024, el consejo de la agencia internacional FIX para el Cono Sur redujo la calificación de las obligaciones negociables de President Petróleum de B+ (arg) a CC (arg) y rebajó su calificación como emisor de largo plazo de B-(arg) a D(arg). Dichas calificaciones reflejan un significativo riesgo de incumplimiento con acreedores y una situación financiera crítica de la operadora del área Puesto Guardián.
Los títulos de deuda con los que captó fondos en el mercado de capitales, tienen un valor nominal de más de 9 millones de dólares y vencen en dentro de seis meses. Con todo, cabe preguntarse quién, cuándo, de qué modo y con qué fondos desactivará la bomba ambiental de Lomas de Olmedo.
El desastre del MdT-14
Entre 2010 y 2012 más de una docena de intervenciones fallaron en el intento de sellar la línea del pozo MdT-14, a profundidades de entre 2.000 y 2.500 metros, con equipos especiales traídos desde el sur del país. En esas operaciones se gastaron millones de dólares, hasta lograr detener las violentas erupciones de petróleo mezclado con agua y gases que impactaron sobre suelos, cursos superficiales, la flora, la fauna silvestre y el ganado de fincas vecinas. Productores afectados denunciaron a la entonces operadora del área Puesto Guardián, San José y esa firma ecuatoriana accionó contra YPF, aduciendo que le transfirió aquel pozo de pesadilla. La Justicia Federal finalmente ordenó a YPF ejecutar el plan de abandono, en cumplimiento de obligaciones contraídas en un acta enmarcada en la concesión nacional.