En el marco del avance de la reforma fiscal, el Gobierno nacional endureció su postura frente a las provincias que rechacen adherir al “Plan de Reparación Histórica del Ahorro de los Argentinos”, una iniciativa impulsada por el oficialismo para permitir el ingreso al sistema formal de los dólares que los argentinos mantienen fuera del circuito. El director ejecutivo de la Agencia de Control y Recaudación Aduanero (ARCA), Juan Pazo, advirtió que los distritos que no acompañen el plan dejarán de recibir información tributaria clave.
“Vamos a eliminar los regímenes de información con las provincias que no se sumen al nuevo régimen. No van a tener la información para poder perseguir a los ciudadanos”, sostuvo Pazo, al presentar los detalles de la nueva etapa que impulsa el Gobierno en materia fiscal. El mensaje estuvo claramente dirigido a la provincia de Buenos Aires, cuyo gobernador, Axel Kicillof, criticó duramente el programa, al que calificó como un “blanqueo encubierto”.
Pazo no ahorró críticas al mandatario bonaerense y vinculó su postura con la política económica del kirchnerismo: “No me esperaba una reacción distinta de uno de los máximos responsables de la situación actual. Él y Cristina Kirchner son responsables ideológicos de haber creado un sistema con entre cinco y diez bases monetarias fuera del sistema, y con un 50% de evasión”.
Con el objetivo de avanzar en la implementación, ARCA convocó a las 24 jurisdicciones provinciales a firmar un nuevo convenio de intercambio de información. El acuerdo establece las condiciones para mantener el acceso a datos sensibles como consumos personales, incrementos patrimoniales y facturación por encima de los $50.000.000. De no sumarse al plan, las provincias perderían el acceso a esa información clave para sus sistemas de control fiscal.
Desde el Gobierno consideran que esta estrategia permitirá “devolverle a los argentinos la libertad de usar su dinero como quieran” y acusan a los gobernadores que se oponen de obstaculizar una reforma que consideran central para transparentar la economía.
La disputa con la Provincia de Buenos Aires se intensificó tras la ratificación del rechazo al plan por parte de Cristian Girard, titular de ARBA, la agencia recaudadora bonaerense. “ARBA sigue trabajando con normalidad. Nuestra tarea es garantizar que quienes tienen mayor capacidad económica tributen lo que corresponde. Seguiremos fiscalizando con las herramientas que nos otorga la ley”.
La advertencia de ARCA es una señal clara de que el Gobierno está dispuesto a condicionar la cooperación fiscal con los distritos a cambio de respaldo político. La tensión con las provincias promete escalar si no se alcanzan acuerdos en las próximas semanas.
Buscan sumar a los gobernadores
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvieron ayer dos reuniones por videoconferencia con 17 gobernadores y representantes provinciales para explicar los detalles del plan oficial destinado a incentivar el uso de dólares no declarados, en un intento por volcar esos fondos a la economía real.
Luis Caputo y Guillermo Francos durante el Zoom con los gobernadores. NA
Los encuentros, de carácter técnico, se realizaron desde Casa Rosada. En ellos, Caputo expuso los lineamientos del plan que busca facilitar el ingreso de divisas que actualmente están fuera del sistema financiero formal. El Gobierno busca sumar el respaldo de las provincias y que no se impongan trabas, controles ni gravámenes que desincentiven su implementación.
En el primer encuentro participaron gobernadores del norte y el sur del país, entre ellos Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Hugo Passalacqua (Misiones), Rolando Figueroa (Neuquén) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), entre otros. En la segunda ronda estuvieron mandatarios de provincias como Mendoza, San Juan, Santa Cruz, San Luis y Chaco.
El único mandatario que ya anticipó su rechazo fue Axel Kicillof, quien advirtió que en su provincia se mantendrán los controles y calificó el plan como una forma de “legalizar fondos sin origen claro”. En la Rosada temen que posturas como esta frenen la adhesión al plan en distritos clave.