El Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS), con más de 270.000 afiliados y décadas de historia, atraviesa una de las crisis más graves de su existencia. Bajo intervención desde febrero, con un déficit que supera los $25.000 millones, la obra social estatal enfrenta un punto de inflexión. El gobernador Gustavo Sáenz envió a la Legislatura un proyecto de ley para “reorganizar” el sistema, pero uno de sus artículos más polémicos propone que, al momento de jubilarse, los afiliados del IPS sean derivados directamente al PAMI.
La propuesta encendió las alarmas de jubilados, trabajadores estatales, gremios y representantes legislativos. Carlos Zapata, diputado nacional por Salta y dirigente de La Libertad Avanza, dialogó con El Tribuno y calificó al proyecto como “una locura sin sustento legal ni técnico”. Además, afirmó que la iniciativa es inviable si no hay un acuerdo explícito y formal con el PAMI, lo que no se ha confirmado hasta el momento.
“Para ser beneficiario del PAMI, se tiene que haber aportado al sistema nacional. Los jubilados del IPS no lo hicieron. Entonces, ¿quién se haría cargo si el PAMI no acepta la transferencia? Nadie. Quedarían directamente sin cobertura médica”, advirtió Zapata.
Un déficit millonario sin respuestas
Zapata fue especialmente crítico con la gestión financiera del IPS bajo la administración de Sáenz. Señaló que el deterioro del instituto se profundizó desde el inicio de la actual gestión y denunció la falta de transparencia:
“El IPS tiene un déficit de $25.000 millones, pero hasta ahora no se ha publicado una auditoría seria, ni se explicaron las causas de esta crisis. El Gobierno no ha hecho más que administrar el colapso con parches y ahora quiere hacer ajustes a costa de los jubilados.”
A esto se suma la preocupación por el silencio del Ejecutivo nacional. Según el legislador, no existe hasta hoy ninguna declaración oficial del PAMI que avale o respalde la supuesta transferencia de afiliados propuesta por la provincia.
“Esto no es una cuestión de intenciones. Sáenz no puede decretar que el PAMI se haga cargo de los jubilados salteños si no hay un convenio firmado, aprobado y con presupuesto asignado. Es como decir que la Nación se hará cargo del sueldo de la Policía salteña sin haberlo pactado. Es una improvisación total”.
Un sistema que podría colapsar
Desde la mirada técnica, Zapata advierte que el traspaso podría dejar sin cobertura a más de 27.000 jubilados, en un sistema nacional ya saturado:
“El PAMI atraviesa sus propias dificultades de gestión y financiamiento. Cargarlo con 27.000 nuevos afiliados que nunca aportaron puede generar un colapso tanto allá como acá. El Gobierno provincial está intentando resolver su problema financiero trasladándole el costo a otro organismo nacional, sin haber hecho los deberes primero.”
También apuntó contra el gasto público provincial: “En vez de recortar el gasto político, la propaganda oficial o revisar la planta estatal improductiva, se busca ajustar por donde más duele: la salud de quienes aportaron toda su vida”.
Legislatura en tensión: semana clave
El proyecto del Ejecutivo aún no fue retirado ni modificado. Por el contrario, fuentes confirmaron que la intención del Gobierno es que se apruebe sin grandes cambios. Para eso, ya comenzaron reuniones entre el interventor del IPS, funcionarios del Ejecutivo y los presidentes de las comisiones de Salud de ambas cámaras. Según trascendidos, los encuentros son tensos y cargados de presión política.
La próxima semana será determinante, ya que el proyecto comenzará a discutirse formalmente en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Luego pasará al Senado.
Aunque referentes como el senador Pailler y la diputada Laura Cartuccia habrían anticipado su rechazo al traspaso de jubilados, el oficialismo tiene mayoría en ambas cámaras, lo que mantiene la expectativa de lo que pueda pasar.
¿Qué pasa con la caja previsional?
Consultado sobre la situación previsional, Zapata aclaró que la caja jubilatoria provincial fue transferida a la Nación en 1996, pero que los beneficios de salud para los jubilados afiliados al IPS siempre se mantuvieron en la provincia.
“El traspaso de la caja no significa que se pierda la obra social. No hay justificación legal ni lógica para cortarles la cobertura ahora. No es una decisión que pueda tomar Sáenz por decreto ni por ley si no cuenta con el respaldo del sistema nacional”.
¿Qué pasará si se aprueba?
Carlos Zapata considera que, si el proyecto se aprueba tal como está redactado, los jubilados podrían quedar desprotegidos, ya que el traspaso al PAMI no está garantizado.
“Esto debería generar un rechazo unánime del arco político, de la sociedad civil y de los propios legisladores. El gobernador ya pidió disculpas públicas diciendo que fue mal asesorado, pero el proyecto sigue en pie. Si actúan con coherencia, debería frenarse. Si no, será una tragedia anunciada”.