El abogado Luis Ángel Caro presentó una de las objeciones formales ante la Secretaría de Justicia de la provincia contra la postulación de Pablo López Viñals para un nuevo período como juez de la Corte de Justicia de Salta, alegando razones de idoneidad ética, cuestionamientos constitucionales y fallos judiciales polémicos.
Caro, patrocinado por el letrado Humberto Vázquez, sostiene que López Viñals no reúne las condiciones necesarias para continuar en el cargo, al haber demostrado una “falta de idoneidad moral” en su desempeño como magistrado. Como principal ejemplo, señala su participación en la causa por el crimen de las turistas francesas, donde firmó una sentencia condenatoria luego revocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según Caro, el fallo original habría buscado “esconder a los verdaderos culpables”, evidenciando parcialidad judicial.
Además, citó el fallo de diciembre de 2023 por el cual la Corte Suprema ordenó la liberación de Santos Clemente Vera, también vinculado a ese caso, como un revés institucional que dejó en entredicho a toda la Corte salteña de ese momento, incluyendo a López Viñals.
Otro eje central de la presentación es la posible violación del artículo 156 de la Constitución Provincial, que establece un mandato improrrogable de diez años para los jueces de la Corte. Caro advierte que López Viñals ya lleva seis años en funciones y que su eventual renovación implicaría una permanencia mayor al límite constitucional, lo que —afirma— contradice el espíritu de alternancia y periodicidad en los cargos públicos consagrados por la reforma en Salta.
Caro también cuestiona la actuación de López Viñals en una causa en la que es parte, referida a un amparo constitucional iniciado contra el gobernador Gustavo Sáenz y el funcionario Nicolás Demitropulos. En ese expediente, el juez habría fallado con “manifiesta parcialidad”, rechazando recursos con argumentos que “violan la objetividad judicial”.
En respaldo de esta acusación, adjuntó el dictamen del Procurador General de la Nación que recomienda a la Corte Suprema admitir el recurso interpuesto por Caro y revisar el fallo cuestionado.
Aclaración final
El escrito subraya que la objeción no tiene motivaciones personales contra López Viñals, sino que se fundamenta en aspectos “estrictamente funcionales” y vinculados al desempeño judicial del nominado.
El caso en resumen
– El pasado 28 de abril, el Gobierno provincial abrió el proceso participativo de interés público para la postulación de López Viñals y su continuidad como juez de Corte.
– La posible designación del exmagistrado para un nuevo período en el máximo órgano de justicia generó una fuerte controversia en ámbitos jurídicos y políticos de la provincia. El eje del conflicto es la presunta incompatibilidad constitucional de su reelección y las críticas a su desempeño judicial.
– El artículo 156 de la Constitución provincial establece que los jueces de la Corte no pueden ser designados nuevamente tras un período de diez años, algo que, según sus críticos, impediría legalmente su continuidad si fuera renovado en el cargo.
– Además, su actuación ha sido objetada públicamente por distintos sectores debido a fallos cuestionados, como su participación en la condena por el caso del crimen de las turistas francesas, cuya sentencia fue luego anulada por la Corte Suprema de la Nación, y por presuntas decisiones judiciales adoptadas con falta de objetividad o motivación jurídica.
– Uno de los principales objetores, el abogado Luis Ángel Caro, formalizó su rechazo ante la Secretaría de Justicia provincial, sumando argumentos de índole ética, constitucional y jurisprudencial.
– La polémica pone en debate temas más amplios como la independencia judicial, la alternancia en los cargos públicos, y la necesidad de garantías de imparcialidad en la justicia provincial.