La crisis institucional que atraviesa el país es bastante clara. Y su profundidad está sujeta a la capacidad de los transitorios inquilinos del poder, en cada uno de los estamentos, para tomar conciencia y tratar de buscar el camino de salida.
Parece difícil. Quienes viven de la política se aferran a ella por cualquier medio. No quieren dejar su poltrona y, a veces, no pueden dejarla. El problema es que las apetencias personales de los seres humanos nacieron con el homo sapiens, pero las culturas y las civilizaciones siempre buscaron la forma de ponerles límite. Y el límite es el orden legal. Un límite que los déspotas tratan de forzar desconociendo, en primer lugar, el rol de los distintos poderes; los síntomas de la destrucción de la democracia son bastante claros. Clausurar un parlamento, compulsivamente, o esterilizarlo a través de la manipulación de las elecciones para poder formar mayorías que no reflejan el voto ciudadano, es lo mismo, con distinto guante.
El poder enceguece. La eternización en una banca o en una intendencia tiene un poder de seducción mucho más fuerte que el apego a la ley vigente.
En ese contexto se enmarca el debate sobre el nuevo acuerdo, por diez años, al que aspira el actual juez de la Corte salteña, Pablo López Viñals.
La Constitución salteña se reformó, básicamente, para delimitar los mandatos. Por una parte, los de gobernadores, intendentes y legisladores. La idea originaria era: dos mandatos, y a casa. A tal punto que el gobernador Gustavo Sáenz descartó claramente, en pronunciamientos públicos, que no buscaría nunca un tercer mandato. Pero la cláusula transitoria, imprescindible para dejar en claro que eso regía para los mandatos en vigencia, no se sancionó.
Pero en esa reforma también estaba en juego la duración de los acuerdos para los jueces de la Corte salteña. La Constitución dejó en claro que no podían ser reelectos. Y lo que no puede ser, no debe ser. Forzar la letra de la Constitución por parte de quienes han de ser sus custodios, no admite justificación posible.
A lo largo de la historia, los gobernantes, incluidos los próceres han tenido flaquezas. Pero cuando esas flaquezas se multiplican, hacen metástasis y destruyen a las instituciones.
Desde 2003 en adelante, la gente ha votado y los mandatos se han cumplido. Pero, al mismo tiempo, el manejo institucional ha sido alarmantemente grotesco.
Desde la destitución absolutamente irregular de la llamada “Corte menemista”, las embestidas contra el máximo tribunal de la Nación fueron constantes y con claros signos de despotismo.
La idea de que la Justicia debe ser una subsecretaría del Poder Ejecutivo está latente y aparece cuando un fallo incomoda al poder. La pantomima de juicio político que ensayó el kirchnerismo durante años no tuvo otra causa que las investigaciones por los hechos de corrupción.
El debilitamiento institucional de la Justicia, a nivel nacional, queda en evidencia ante la incapacidad de las facciones políticas para lograr acuerdos y designar jueces para los cargos vacantes en la Suprema Corte, los cientos de juzgados, defensorías y fiscalías subrogados y, desde hace ya casi ocho años, un Procurador general.
Al mismo tiempo, los improperios descalificatorios del actual gobierno nacional contra las cámaras del Congreso exhiben esa tendencia a romper controles y someter a quienes deben realizarlos, una compulsión que se disfraza con distintas retóricas: la vocación despótica por la concentración del poder.
Las dos corrientes dominantes, kirchneristas y libertarios, se manejan con el mismo criterio, y el modelo se reproduce en las provincias y municipios. Y al mismo tiempo, la gente cree cada vez menos en la democracia, en la Justicia y en el valor de las instituciones.
La mayoría preferiría transitar por el ancho camino del medio, sin dogmatismos y utopías estatistas ni libertarias. Cómo nadie lo garantiza, por eso, probablemente, es que la gente no va a votar.
Entre tanto, los funcionarios, legisladores y magistrados parecen atrapados en una lucha por el poder de la que no pueden o no quieren salir, mientras tanto, las estadísticas muestran, cada día con mayor crudeza, la violencia social, la inseguridad y el desamparo. Así, la democracia se vuelve ilusoria.