La continuidad del juez Pablo López Viñals en la Corte de Justicia de Salta, podría derivar en una crisis institucional. Así lo advirtió el abogado y exconvencional constituyente Fernando Lardiés, quien participó activamente en la reforma de la Constitución provincial en 2021 y denunció que se está incurriendo en una interpretación “antojadiza” de la Carta Magna para justificar un nuevo nombramiento que, a su entender, contradice de forma flagrante el espíritu y la letra de la norma reformada.
“El artículo incorporado en la reforma dice claramente que los jueces de Corte duran 10 años en sus cargos y no pueden ser nombrados nuevamente. Eso no da lugar a interpretación. Si alguien ya ocupó el cargo, no puede ser renovado. López Viñals ya lo ejerció. Insistir con su pliego es ir en contra de lo que votamos como constituyentes y, peor aún, en contra de lo que se discutió públicamente”, sostuvo Lardiés.
Uno de los puntos polémicos sobre la última reforma constitucional es que no se incluyó una cláusula transitoria específica que indique si la limitación de mandatos se aplica de inmediato o sólo hacia el futuro. Para Lardiés, ese supuesto vacío no es tal.
“La falta de una cláusula transitoria expresa no es una omisión técnica ni un olvido inocente. Fue una decisión política deliberada del oficialismo. En la Convención propusimos incluir transitorias que aplicaran el nuevo régimen a todos los cargos, incluidos los ministros de la Corte. Pero desde el Ministerio de Gobierno bajaron la orden de que no se aprobara nada que pudiera afectar las reelecciones o la continuidad de cargos clave. Fue una omisión funcional al poder”, denunció.
Agregó que “la mayoría de las comisiones estaban integradas por vicegobernadores, ministros, intendentes, diputados oficialistas. No es raro que se haya priorizado una reforma a medida del poder de turno, no de la institucionalidad”.
Lardiés también recordó que la Convención se convocó tras una disputa judicial impulsada por la Asociación de Magistrados, que pretendía que la Corte de Justicia de aquel momento declarara la inamovilidad de sus propios miembros. Ante ese intento, el Foro de Constitucionalistas Salteños (FOCIS), integrado entre otros por Armando Figueroa, logró frenar el planteo con un recurso de amicus curiae.
“Quisieron reformar la Constitución por vía judicial. Fue entonces que el gobernador Sáenz impulsó el proceso formal, enviando el proyecto de ley para la reforma. En el mensaje que elevó a la Legislatura, expresó que el objetivo era limitar los mandatos, y lograr una justicia más independiente del poder político. Pero ahora se está haciendo exactamente lo contrario”, remarcó.
Uno de los puntos más sensibles tiene que ver con el principio de aplicación inmediata de las reformas. Para Lardiés, no hay dudas al respecto: “El artículo 7 del Código Civil y Comercial dice que las leyes no tienen efecto retroactivo, pero se aplican a situaciones jurídicas en curso. Y este es el caso: López Viñals sigue en funciones, su situación es actual. Por lo tanto, la limitación debe aplicarse. Además, no existe ningún derecho adquirido a ser juez de Corte. Nadie tiene un derecho adquirido a perpetuarse en un cargo público”.
En esa línea, recordó que la reforma constitucional de 1998 incluía una cláusula transitoria que establecía que el mandato en curso al momento de la reforma se consideraba como primer período. “Ese criterio fue aceptado entonces para cargos electivos. No hay razón lógica ni jurídica para no aplicarlo ahora a los jueces de Corte. Lo que rige es el espíritu de la norma: limitar la permanencia en el poder”, insistió.
La idea de designar nuevamente a López Viñals —tras la renovación de la presidente de la Corte, Teresa Ovejero— es vista por Lardiés como una maniobra para garantizar control político sobre la Corte, en vista de una eventual aspiración a un tercer mandato.
“Esto configura un círculo vicioso: el gobernador propone a López Viñals, la Corte lo avala, y esa misma Corte luego puede habilitarlo a él para una nueva reelección. ¿Dónde queda la independencia de poderes?”, se preguntó. Aunque López Viñals fue respaldado por sus colegas en el Alto Tribunal, Lardiés advierte que esa decisión también es institucionalmente cuestionable. “Los mismos jueces que avalaron su continuidad después tendrían que excusarse si el tema se judicializa. Todo queda viciado desde el origen”, aseguró.
Frente a este panorama, el exconvencional fue enfático: “El gobernador debería retirar el pliego. Si realmente le interesa preservar la institucionalidad, debe escuchar lo que se dijo durante la participación ciudadana, donde hubo objeciones contundentes y bien fundadas. Si insiste, el costo político puede ser alto”.
Lardiés aseguró que, aunque ya no ocupa un cargo legislativo, se considera en la obligación cívica de actuar:
“Voy a objetarlo formalmente como ciudadano y como convencional mandato cumplido. Lo que está ocurriendo es demasiado grave como para mirar para otro lado. Esto no es una discusión académica. Es la credibilidad del sistema institucional de Salta la que está en juego”.
Por último, criticó con dureza a quienes defienden la continuidad de López Viñals bajo argumentos formales o técnicos:
“Hay una defensa que es más política que jurídica. Como la que hace la doctora Pamela Caletti, que fue puesta por Urtubey en el Congreso. Ella dice que no hay ninguna contradicción con la Constitución, pero su posición no es objetiva. Es funcional al poder. Y eso también erosiona la credibilidad institucional”.