El reconocido abogado laboralista Miguel Ángel Maza estuvo en nuestra ciudad ayer para brindar una capacitación denominada “Jornada Presencial de Actualización Laboral”, en la Caja de Abogados de Salta. Antes del encuentro dialogó con El Tribuno.
Usted viene desde Buenos Aires a disertar sobre la situación actual del DNU 70/23 y de ley base. ¿Nos puede guiar en torno a qué gira su disertación?
Sí, después de las dos normas, el decreto de urgencia de la ley 2742, reflexionamos sobre si han sido cambios positivos, si han sido cambios cuestionables, y si sirve para algo. Yo voy a hacer hincapié en que hace falta una reforma laboral, pero que esta reforma laboral no sirve para crear nuevo empleo, ni para mejorar las posibilidades que los empresarios tienen de tomar más trabajadores y trabajadoras. Lo que hago es un repaso de algunas de las normas que se modificaron por la ley veintisiete siete cuarenta y dos, señalando sus errores, su falta de realismo, y sobre todo su ineficacia a estos fines. Menciono que el decreto 70/23 está suspendido, en su aplicación, por los fallos de la Cámara de Operaciones de Trabajo de la Capital Federal, y que prácticamente se podría dar por seguro que nunca va a entrar en vigencia. Finalmente trato de exponer lo que para mí debería ser una reforma, que fundamentalmente pasa por explicar una ley especial, una ley de contrato de trabajo para la pequeña, mediana y microempresa. Porque me parece un disparate que le apliquemos la misma ley al bar del Hotel Salta, que al grupo Techint.
“Para mí debería una reforma pasa por explicar una ley especial, una ley de contrato de trabajo para la pequeña, y mediana empresa”
Algo fuera de la realidad…
Es realmente una cosa que uno no la puede entender, que sea así. Y incluso explico que eso, que haya una misma ley para todos, es lo que justifica, entre comillas, o le permite invocarlo para justificarse al pequeño empresario, para no cumplir, para tener a los trabajadores clandestinos, para pagar parte de los salarios en negro, es un vicio que viene de mucho tiempo. Este es el nudo central de lo que expongo.
¿Usted brinda un panorama sobre los números actuales, sobre la situación laboral en Argentina?
No, porque yo no soy sociólogo, soy abogado. Sabemos que hay un nivel de clandestinidad del orden del 35%, y no está medida porque no es posible, saber la clandestinidad salarial, es decir, cuántas personas que están en blanco que cobran una parte importante de sus salarios en negro. Eso no está medido, pero a través de los juicios que uno ha visto, uno puede inferir que es un número muy importante, de trabajadores que cobran el salario de convenio progresivo, y todo el resto clandestinamente, lo cual tiene efecto en el sistema jubilatorio, tanto en contra de la seguridad social, que recauda menos, como de la trabajadora y el trabajador, que cuando se va a pagar el salario de convenio.
Es un gran problema que origina una cadena de inconsistencias…
Esto es un problema muy serio que, porque todo tiene que ver con todo, se vincula después con las jubilaciones bajas.
Ahora, tampoco se puede homogeneizar la situación laboral para todo el país. El norte está mucho más precarizado que el centro, ¿esto es así?
Sí, sin ninguna duda esto es así. El norte de la Argentina, y sobre todo el noroeste, Corrientes, Chaco, Formosa. Yo soy profesor en la Universidad del Noroeste, conozco un poco el panorama, el nivel de clandestinidad yo creo que debe rondar el 70%, en la pequeña y mediana empresa. Si uno sale a preguntar, se espanta, no se cumple el límite de jornada de trabajo, que sea normal que se trabajen doce horas; es espantoso.
¿Y en el NOA?
En el noroeste, sobre todo Tucumán, no tanto en Salta, prácticamente no hay control estatal. Es decir, las secretarías o direcciones de trabajo no tienen estructura. Y con esta nueva ola del Estado mínimo, no podemos esperar que esto mejore, sino todo lo contrario.
“En el noroeste, no tanto en Salta, casi no hay control estatal. Es decir que las secretarías o direcciones de trabajo no tienen estructura”
Ahora, esa nueva ley que usted propone, una reforma, también tiene que contar con un consenso de todas las partes, no como hizo este Gobierno.
Es así, ni tampoco la ley que fuere obtenida en base a presión, al apuro, si no sale este desastre. Es una reforma que hay que tomarse con tiempo. Tiene cincuenta años nuestra ley de Contrato de Trabajo, y bueno: no debería haber apuro. Yo le diría que desde el año en que la ley se sancionó, desde 1974, prácticamente a los cinco años, el mundo entró en crisis. Después de la crisis del petróleo del setenta y tres, todo el panorama empezó a cambiar. Y después, desde los ochenta para acá, con la revolución digital, la verdad que la pobre ley de control de trabajo ha quedado como un traje de alguien que engordó mucho. Así que hace falta un cambio profundo, pero no una poda de derechos, sino una adaptación.
Además los sindicatos deben posicionarse diferente…
Además hay un concepto que los sindicatos parecen no entender o no ver, y es que cada vez defienden a menos gente. Salvo ATE, que en su momento se planteó revolucionariamente representar a los desempleados, lo que le valió que el Gobierno de (Néstor) Kirchner, hasta el último salvo al final, no le quisiera reconocer la personería gremial. Pero esa es la clave, porque hoy hay mucha gente que no tiene empleo, por ejemplo, los jóvenes que tienen una alta tasa de desempleo, y mayores de cuarenta y cinco que han perdido el empleo, que están desesperados y a esa persona uno le dice ¿aceptaría trabajar si en vez de vacaciones mínimas son catorce días, digamos, siete? Y esa persona le dice: firmo con las dos manos. Y los sindicalistas le dicen no, como si estuvieran también defendiéndolos a ellos. Pero esto requiere, como usted dijo, consenso y racionalidad. Es decir, esto no viene para arrasar, no vamos a hacer algo para arrasar derechos, para beneficiar a empresarios, sino para mejorar el régimen de relaciones laborales y generar de verdad empleo.
También se debe decir que es el Estado el que arrasó con más derechos y el que más trabajadores irregulares tiene…
Lo que hizo fue sustituir, como se hizo en los noventa. Yo vi muchos casos en tribunales donde un trabajador o una trabajadora que estaba estable, lo pasaban a un contrato de tiempo determinado. O lo disfrazaban de beca, eso había que haberlo sancionado durísimamente. El Estado de los noventa fue el que favorecía eso, pero eso nunca se cambió y por eso ahora estamos como estamos.