El ministro de Seguridad Social de Brasil, Carlos Lupi, presentó su renuncia en medio de un escándalo de corrupción que involucra el desvío de 1.125 millones de dólares de fondos jubilatorios. La trama, descubierta en su despacho, se cree que afectó a unos cuatro millones de pensionados.
Aunque Lupi no ha sido involucrado directamente en el asunto, el escándalo desatado por el fraude sufrido por los pensionados hizo casi imposible su permanencia en el cargo y el ministro presentó su dimisión, inmediatamente aceptada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, informó el Gobierno. “Tomo esta decisión con la certeza de que mi nombre no fue citado en ningún momento en las investigaciones en curso”, se defendió Lupi.
El exfuncionario, de 68 años, pertenece al Partido Democrático Laborista (PDT por sus siglas en portugués), que es un antiguo aliado de Lula y de su Partido de los Trabajadores (PT).
Según la nota en la que se informó sobre la renuncia de Lupi, el Gobierno anunció que será sustituido por Wolney Queiroz, también del PDT y quien hasta ahora se desempeñaba como viceministro.
De acuerdo a una investigación revelada por la Policía Federal el pasado 23 de abril, fueron detectados desvíos por 6.300 millones de reales (1.125 millones de dólares) de las cuentas de jubilados y pensionados entre 2019 y 2024.
El escándalo se desató tras detectarse descuentos no autorizados en los recibos de jubilaciones y pensiones, realizados por sindicatos y asociaciones con la posible complicidad de funcionarios del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS). El dinero era descontado de las nóminas mediante diversos métodos, que incluían hasta el pago de créditos no solicitados.
Cuando se informó sobre el asunto, el Gobierno separó de su cargo al entonces director de Seguridad Social, Alessandro Stefanutto, que unos días después fue destituido. Lo mismo ocurrió con otros seis directivos de la Seguridad Social que fueron investigados y destituidos, al igual que Stefanutto, quien trabajaba desde hace dos décadas en el organismo y asumió su puesto en 2023.
La Policía Federal informó que la investigación comenzó sobre la base de unas 130.000 denuncias de jubilados que tuvieron fondos sustraídos de forma irregular de sus cuentas, pero las autoridades sospechan que el número de víctimas puede superar los cuatro millones. Este viernes, el Gobierno analizó diversas posibilidades para devolver a los afectados el dinero que les fue robado.
La renuncia de Lupi representa un golpe para el Gobierno. Este es el segundo caso de corrupción que enfrenta en pocas semanas, tras la renuncia del ministro de Comunicación, Juscelino Filho, en abril.