El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) anunció el comienzo de una “revisión profunda” en sus delegaciones con el objetivo de erradicar prácticas discrecionales y abusos heredados de gestiones anteriores. La intervención busca cortar de raíz las irregularidades en la compra y provisión de insumos, que durante años fueron utilizadas para beneficios políticos y clientelistas.
El organismo destacó que una de las áreas clave de la reforma es la revisión del uso indebido de las “vías de excepción”, mecanismos que deberían emplearse solo en situaciones excepcionales, pero que fueron usados para eludir licitaciones y permitir manejos poco transparentes. Por ello, PAMI abrió una investigación interna para detectar posibles desvíos de fondos públicos.
La denuncia de una “mafia interna” en el organismo fue respaldada por las denuncias recientes de Elisa Carrió y Hernán Reyes, quienes acusaron a la Agrupación para la Administración de Contratos de Oncología de coordinar precios y desfalcar al PAMI en la compra de medicamentos oncológicos. Así, se detectaron pagos excesivos por medicamentos esenciales, como el anastrozol, cuyo precio se disparó hasta 14 veces más que en licitaciones públicas.