En un fallo reciente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un recurso de queja presentado por Ernesto Fernando “Kila” Gonza, exintendente de la localidad de San Lorenzo, y dejó firme el avance del proceso penal en su contra por graves hechos de corrupción.
Gonza está acusado de haber contratado de manera directa a una empresa vinculada a su entorno familiar para realizar obras públicas, en una maniobra que, según denuncias, sirvió para vaciar las arcas municipales en su último día de gestión.
Recientemente, en una batería de fallos, la Corte Suprema ratificó condenas y reactivó investigaciones penales que involucran a figuras políticas de distintas provincias. Justamente uno de los casos más resonantes fue el de “Kila” Gonza, quien desde hace años enfrenta las denuncias por corrupción vinculadas a su último mandato.
La acusación de la Fiscalía sostiene que Gonza contrató de forma directa a la empresa “El Montañez”, propiedad de familiares de funcionarios municipales de su propio gabinete, para la construcción de obras públicas como una alcantarilla sobre la calle Belgrano y casillas de un programa habitacional. Los fondos municipales, en lugar de financiar proyectos transparentes, habrían terminado en manos de los allegados al exintendente.
Juan Dávalos, expresidente del Concejo Deliberante y uno de los principales denunciantes, relató en el juicio oral, en diciembre de 2022, que el vaciamiento de la Municipalidad se produjo a través de maniobras que involucraron el cobro irregular de cheques en el último día de la gestión de Gonza, en diciembre de 2011. En su testimonio, afirmó que se presentaron a cobrar cheques endosados: el hermano del exintendente, Aldo Gonza, y el entonces secretario de Obras Públicas, Rodolfo Armando, y las parejas de ambos.
En consecuencia, los jueces de la Sala I del Tribunal de Juicio, Ángel Amadeo Longarte, Javier Aranibar y María Gabriela González condenaron a Gonza, a tres años de prisión condicional por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa (dos hechos) y peculado de trabajos y servicios, en concurso real. Además, recibió inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. También fue condenado Sergio Armando, empresario vinculado a la maniobra, a dos años y ocho meses de prisión condicional por los mismos delitos.
Pese a los reiterados intentos de la defensa de buscar la nulidad absoluta del requerimiento de elevación a juicio, la excepción de falta de acción por inexistencia de delito y la oposición el requerimiento fiscal, la Sala II del Tribunal de Impugnación de Salta rechazó todos los planteos de nulidad y falta de acción y ahora, la Corte Suprema de Justicia de la Nación convalidó esa decisión: en un fallo emitido el 24 de abril de 2025, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó la queja de Gonza por no dirigirse contra una sentencia definitiva o equiparable a tal.
Así lo establece la resolución: “Se desestima la presentación directa. Intímese a la parte recurrente a que, dentro del quinto día de notificada, acompañe copia de la resolución que le concede el beneficio de litigar sin gastos o efectúe el depósito que dispone el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, a disposición del Tribunal.”
Contexto
El caso de Gonza se enmarca en un contexto más amplio: en la misma tanda de resoluciones, la Corte dejó firmes las condenas contra Mirta “Shakira” Guerrero y Patricia Evangelina Jaldin, dos exintegrantes de la organización Tupac Amaru de Milagro Sala, condenadas por el robo de material audiovisual a un equipo periodístico de Jorge Lanata en Jujuy, en 2012.
La maniobra, que incluyó violencia contra los periodistas y el robo de una unidad de almacenamiento con material de investigación, terminó con las mujeres condenadas a tres años y tres meses de prisión efectiva como autoras del delito de robo en poblado y en banda, en 2017. La Corte consideró que la presentación de la defensa era inadmisible y la condena quedó firme.
Además, el máximo tribunal ordenó que se siga investigando al exdiputado radical, Ricardo Troncoso, en Entre Ríos, en el marco de la causa conocida como “contratos truchos” en la Legislatura provincial. El exlegislador está acusado de quedarse con un porcentaje de los sueldos de empleados contratados de forma ficticia.
El caso de Kila” Gonza dejó al descubierto las prácticas de corrupción que, durante años, carcomieron las bases de muchas gestiones municipales en Salta.