La actual crisis de las democracias deliberativas se funda en la tensión entre representación y conocimiento técnico en contextos de alta complejidad social, cultural, sanitaria, jurídica, laboral y tecnológica. La creciente presencia de políticos sin formación en áreas sensibles no sólo refleja una crisis institucional, sino también una irresponsabilidad epistémica. Sus graves consecuencias generaron bibliografía sobre la ética del saber como condición de legitimidad y responsabilidad en las políticas públicas.
En Argentina, mientras los problemas son cada vez más sofisticados, muchos dirigentes, políticos o candidatos celebran su desconocimiento como símbolo de autenticidad popular. Este fenómeno denominado “ignorancia performativa” es transversal a todo populismo deslegitimando el saber, simplificando la realidad, y amenazando la deliberación informada que sostiene la democracia. No es un defecto accidental o consecuencia de trayectorias personales limitadas sino una estrategia deliberada de construcción de poder.
Básicamente esta celebración de la ignorancia como virtud es un acto deliberado de ostentar desconocimiento y desprecio por el saber para presentarse como auténtico representante del “pueblo” frente a las “élites”.
Para Pierre Bourdieu, en contextos de polarización y descreimiento institucional, el rechazo del saber se convierte en una marca de proximidad con el “ciudadano común”. Lejos de ser una carencia, el desconocimiento se instrumentaliza como capital simbólico donde el dirigente ignorante enorgullecido de ello, es convertido en figura de confianza por no ser “parte del sistema”.
Esta ignorancia performativa supone adoptar frases, gestos y decisiones que desprecian la complejidad, relativizan la evidencia empírica y ridiculizan el lenguaje técnico. La ignorancia se convierte así en una interpelación emocional al electorado, ofreciendo certezas simples frente a problemas complejos, erosionando la legitimidad deliberativa, desplazando el argumento fundado en evidencia por la opinión, y la racionalidad por la teatralidad. Luego, la democracia deliberativa entra en crisis por carecer de competencias discursivas mínimas degradando la calidad de las políticas públicas.
Esta ignorancia performativa se reconoce cuando la impericia se presenta como autenticidad y rebeldía; cuando la intuición se jacta frente al saber; cuando desacreditan producciones científicas promoviendo pareceres o pseudociencias; cuando relativizan conocimientos jurídicos en nombre de la “voluntad popular”; o cuando las propuestas son emocionalmente movilizadoras, pero técnicamente inviables.
No se trata de oponerse a la representación popular sino a la ignorancia institucionalizada, y para ello debe exigirse que el ejercicio del poder se base en conocimiento, formación y responsabilidad epistémica. Porque representar sin saber en contextos de alta especialización constituye una forma de negligencia moral estructural que atenta contra el bienestar general.
Y así como Bourdieu señaló que la desvalorización del saber en la función política implica la destrucción de los criterios de competencia en favor de una representación basada en el carisma o la comunicación superficial, Richard Posner alertó sobre el reemplazo del intelectual público por el opinador mediático y del político formado por el profesional de la imagen. Similarmente, Michael Sandel analiza la humillación del saber como expresión del resentimiento social ante la meritocracia fallida, cuya frustración se canaliza en el rechazo del experto y en la elección del “ciudadano común” como representante, aunque carezca de formación para el cargo.
Así, las democracias ignorantes violentan la dignidad de los ciudadanos exponiéndolos a políticas negligentes, deviniendo disfuncionales y cuyos representantes sin formación agravan toda inequidad al normalizar decisiones sin sustento técnico ni comprensión contextual conllevando desprotección jurídica.
Algunos de los casos argentinos de ignorancia normativa resultando en leyes ideologizadas con grave daño social, pueden ser ejemplificados con la ley IVE. Durante su debate, numerosos legisladores presentaron datos falsos sobre el desarrollo fetal, estadísticas manipuladas sobre mortalidad materna y cantidad de abortos clandestinos, desoyendo todo informe científico nacional e internacional, propuestas basadas en evidencia empírica y hasta los más básicos manuales de embriología.
Durante la pandemia, numerosos legisladores promovieron el consumo de sustancias no aprobadas como el dióxido de cloro, ignorando estudios clínicos e incluso desoyendo alertas de la ANMAT, con consecuencias directas en la salud de la población. Priorizar la vacuna Sputnik V por razones ideológicas, sin estudios comparables ni autorizaciones internacionales, derivó en múltiples complicaciones sanitarias, pérdida de confianza y muertes evitables, especialmente en adultos mayores sin esquemas completos ni refuerzos. La cuarentena extendida contraria a todo criterio internacional, sin estrategia de salida ni evaluación del impacto psicosocial y económico, produjo efectos devastadores en salud mental, educación y pobreza infantil.
La ley ESI, cuya deliberación legislativa con contenidos sin referencias pedagógicas ni conocimiento del desarrollo evolutivo, promovió medidas sin evidencia resultando en una relativización de la biología y el rechazo de la psicología del desarrollo. La Ley de Identidad de Género y reforma de filiación, aprobadas sin consulta a especialistas en medicina, derecho de familia y bioética, motivó fallos judiciales contradictorios, vacíos legales sobre gestación por sustitución y conflictos entre autonomía personal y derechos del niño.
Las leyes de cupo femenino o trans, si bien buscaron revertir discriminaciones históricas fueron implementadas de forma generalizada y sin análisis contextual, priorizando la variable de género por sobre la idoneidad, incluso en cargos técnicos. En contextos sin sesgos comprobados, estas leyes desnaturalizaron la función pública, generando una inversión del principio de mérito.
La Ley 26.657 de Salud Mental fue sancionada con serias ambigüedades sobre internaciones involuntarias poniendo es riesgo al paciente y a la comunidad. Con un intervencionismo judicial excesivo, inespecificidad del concepto de salud mental, sin garantías de infraestructura sustitutiva a los hospitales monovalentes, clausuró instituciones sin crear redes efectivas de atención comunitaria.
Varios países incorporaron, por mandato legal o como práctica institucional consolidada, criterios que exigen formación académica y trayectoria profesional previa como condición para ocupar cargos legislativos o ejecutivos, reforzando así el deber de idoneidad en quienes ejercen funciones públicas. En Singapur y Corea del Sur, la meritocracia es el centro del sistema político, sus ministros y altos funcionarios deben acreditar títulos universitarios y experiencia en el área correspondiente, siendo evaluados públicamente en audiencias técnicas antes de asumir. Alemania y Finlandia cuentan con parlamentos donde más del 80% de los legisladores poseen formación superior, y sus decisiones son acompañadas por servicios de asesoramiento científico obligatorio garantizando competencia técnica en la elaboración de leyes. Noruega y Estados Unidos aplican mecanismos de control como vetos legislativos y escrutinio público pudiendo impedir la designación de funcionarios sin la debida preparación. Uruguay implementó programas obligatorios de capacitación certificados por universidades nacionales para cargos decisorios. Todos estos modelos, entre otros, comparten la convicción de que gobernar requiere algo más que voluntad política, exige conocimiento, responsabilidad epistémica y competencia técnica, resguardando así la calidad de las decisiones y políticas públicas.
Argentina debe sancionar una ley de ética en la función política demandando requisitos mínimos de formación e idoneidad para ser candidato electivo o por designación política, como criterio de habilitación. Instancias periódicas de capacitación obligatoria y auditoría de desempeño mediante evaluaciones que midan la eficiencia en gestión y la correspondencia entre las normas propuestas y la evidencia empírica. Y desde ya, la tipificación de negligencia en la labor parlamentaria o ejecutiva.
La representación política no puede seguir desligada del conocimiento porque la ignorancia programática es inmoral y el saber no es una traba elitista sino una condición de justicia. La política argentina necesita dejar de improvisar sobre la vida de millones de habitantes y recuperar el valor del saber como forma de responsabilidad para garantizar una democracia deliberativa y madura.