“Estamos en una nueva etapa fundacional que remueve los factores que han provocado el desencuentro y la frustración y que dará frutos que serán aprovechados plenamente por los argentinos que hoy son todavía jóvenes. Se trata entonces, no solo de localizar una nueva capital, crear una nueva provincia, reformar la administración pública, perfeccionar la administración de justicia o adoptar un nuevo sistema político. Se trata de crear condiciones para una nueva República, que ofrezca nuevas fronteras mentales a los argentinos. Muchas gracias”, terminó de decir Raúl Alfonsín frente a las cámaras la noche del martes 15 de abril de 1986.
Con rostro serio, enfundado en un traje oscuro con corbata al tono y sentado a la cabecera de una larga mesa alrededor de la cual se distribuían los notables que integraban el Consejo para la Consolidación de la Democracia, el presidente cerraba así un discurso de casi 35 minutos transmitido en directo desde la Casa Rosada por cadena nacional. Lejos del tono encendido del orador brillante que había seducido a la mayoría de los argentinos durante la campaña, Alfonsín había leído con una soltura no exenta de solemnidad un texto donde se prefiguraba el futuro que quería diseñar para el país. Cuando terminó, quedó claro para todos que ese discurso no había sido el de un político que disputaba o buscaba preservar su poder buscando diferenciarse de sus adversarios: había hablado un estadista.
La recuperada democracia argentina no tenía todavía dos años y medio y avanzaba frágil pero esperanzada. El país parecía resurgir después de haber sufrido la dictadura cívico-militar más sangrienta y económicamente devastadora de su historia y los argentinos no vivían exentos de temores. El fantasma de las botas seguía enrareciendo el clima cotidiano y cada tanto en los medios se publicaban rumores de “inquietud en los cuarteles”, sobre todo por la decisión del gobierno de juzgar a los militares responsables de crímenes de lesa humanidad. Al mismo tiempo – y esa era una fortaleza casi inédita de esa naciente democracia – la mayoría del arco político, sin dejar de lado sus diferencias, cerraba filas para defenderla y se mostraba más predispuesto al diálogo que a las peleas sin cuartel.
En un discurso de 35 minutos, por cadena nacional, el entonces presidente Raúl Ricardo Alfonsín presentaba el anteproyecto de ley para el traslado de la capital argentina a Viedma
Ese era el contexto la noche de ese martes cuando Alfonsín presentó el anteproyecto de ley para el traslado de la capital argentina – es decir, la sede del gobierno nacional – al sur del país, donde se crearía un nuevo distrito federal en Viedma y Carmen de Patagones, con terrenos cedidos a la Nación por las provincias de Río Negro y de Buenos Aires. Con ese traslado, el gobierno apuntaba a objetivos realmente ambiciosos: descentralizar y desburocratizar el poder político y separarlo del poder económico del país, ambos excesivamente concentrados en el Gran Buenos Aires; solucionar el problema demográfico argentino; desarrollar inversiones económicas en el interior del país y revalorizar al Estado Federal.
Pero el proyecto no se limitaba a cambiar la ubicación geográfica de la capital, también proponía crear una nueva provincia – la del Río de la Plata – que uniría a la Ciudad de Buenos Aires con parte del Conurbano bonaerense y una reforma constitucional que permitiera la reelección presidencial y la instalación de un sistema parlamentario como el de muchos países europeos. Se trataba, como había dicho el presidente en su discurso, de refundar la República o de fundar una nueva, más democrática y moderna, acorde a los tiempos que corrían. Por eso, al hablarle al país, lo presentó como el “Plan para la Fundación de la Segunda República Argentina”.
Un anuncio obligado
Desde hacía meses, un equipo cuyos miembros Alfonsín había elegido personalmente venía trabajando en secreto sobre el asunto y su viabilidad. Incluso, el presidente había viajado varias veces – también en secreto – a Río Negro para hablar del tema con el gobernador rionegrino, su correligionario Osvaldo Álvarez Guerrero y también se había reunido en la Casa Rosada más de una vez con el mandatario bonaerense, el también radical Alejandro Armendáriz. Ellos y unos pocos más sabían del proyecto, que el presidente esperaba presentar cuando llegara el momento más adecuado. Sin embargo, una filtración imprevista lo obligó a cambiar los planes.
Todo cambió la mañana del domingo 13, cuando Raúl Alfonsín desayunaba y le alcanzaron los diarios de ese día. El presidente casi se atragantó con el café al ver el titular más destacado de la tapa de Clarín: “Analizan trasladar la Capital a Río Negro”, decía. El secreto tan cuidadosamente guardado había quedado a la vista de todos. Alguien lo había filtrado.
La tapa del diario Clarín que obligó a Alfonsín a cambiar los planes
La nebulosa historia de esa filtración forma parte hoy del anecdotario de la política argentina, ese que reúne los pequeños hechos que tienen fuertes – y a veces graves – consecuencias. La primicia la había conseguido el corresponsal de Clarín en la Patagonia, Omar Livigni, de boca de un funcionario provincial cercano al gobernador Álvarez Guerrero. Se dice que el hombre cuyo nombre nunca fue revelado – como corresponde para preservar la fuente – se lo contó al periodista una noche que tenía la lengua algo suelta por obra y gracia del alcohol.
Político de reflejos rápidos como pocos en la historia del país, apenas salió de la sorpresa y aún ganado por el enojo, Alfonsín decidió subirse a la cresta de la ola para no terminar arrastrado por ella. Y dio de inmediato los pasos necesarios. El primero fue viajar el martes 15 a La Plata para presentar, acompañado por el gobernador Armendáriz, el proyecto ante la legislatura provincial, una cuestión administrativa ineludible porque el traslado de la capital y la creación de la nueva provincia – la que uniría la ciudad de Buenos Aires con parte del Conurbano – demandaba territorios provinciales.
“Hay que crecer hacia el sur, hacia el mar, hacia el frío”, dijo el entonces presidente Raúl Ricardo Alfonsín, a menos de tres años de recuperada la democracia
Hecho esto, por la nota pronunció el discurso por la cadena nacional, al que buscó prestigiar con la presencia de los integrantes del Consejo para la Consolidación de la Democracia, un grupo asesor coordinado por uno de sus hombres de confianza, el jurista Carlos Nino, e integrado por notables entre quienes se contaban María Elena Walsh, René Favaloro, Daniel Sabsay y representantes de los partidos de casi todo el arco político. Por último, el miércoles 16 viajó a Viedma, donde fue recibido por el gobernador Álvarez Guerrero y pronunció un discurso ante unas quince mil personas donde explicó su proyecto y pronunció una frase que quedó para la historia: “Hay que crecer hacia el sur, hacia el mar, hacia el frío”.
El Proyecto Patagonia
Conseguidas las leyes provinciales que autorizaban el uso de sus territorios, el siguiente paso fue lograr que el Proyecto Patagonia, como se lo llamó, fuera aprobado por el Congreso Nacional. La iniciativa fue presentada primero ante el Senado, por entonces con mayoría del Partido Justicialista. Ingresó por la mesa de entradas de la cámara el 30 de julio de 1986 y, después de varios debates en sucesivas sesiones convocadas durante marzo de 1987, fue aprobada el 25 de ese mes. Era el principal escollo por superar, porque el predominio opositor en las bancas podía convertir al ambicioso proyecto en simple letra muerta. Dos meses más tarde, el 27 de mayo, la Cámara de Diputados, donde la mayoría era radical, lo sancionó como la Ley 23.512. El radicalismo en pleno y la mayoría de los peronistas dieron sus votos positivos, mientras que la oposición más fuerte estuvo a cargo de la Unión del Centro Democrático, el partido liderado por Álvaro Alsogaray, cuyos legisladores argumentaron que las arcas del país no estaban en condiciones de enfrentar el desembolso de 2.300 millones de dólares que se estimaba costaría trasladar la capital.
En su artículo primero decía: “Declárase capital de la República, una vez cumplido lo dispuesto por el art. 5º, a los núcleos urbanos erigidos y por erigirse en el área de las actuales ciudades de Carmen de Patagones (provincia de Buenos Aires) y Viedma y Guardia Mitre (provincia de Río Negro) con el territorio comprendido en las cesiones dispuestas por las leyes 10.454 de fecha 17 de octubre de 1986 de la provincia de Buenos Aires y número 2.086 de fecha 10 de julio de 1986 de la provincia de Río Negro, que en conjunto constituyen el área de la nueva Capital Federal”.
De acuerdo con la ley aprobada, el nuevo distrito federal abarcaría un área de unas 490 mil hectáreas, de las cuales 180 mil serían cedidas por la provincia de Buenos Aires, y 310 mil por la provincia de Río Negro, e incluía, además de las ciudades de Viedma y Carmen de Patagones, a la localidad de Guardia Mitre y los pueblos de Cardenal Cagliero, San Javier y Balneario El Cóndor.
Para llevar a la práctica el traslado, el 21 de julio de 1986 Alfonsín firmó el decreto 1156 que creaba el Ente para la Construcción de la Nueva Capital – Empresa del Estado (ENTECAP), un organismo cuyas funciones eran las de expropiar tierras, proyectar el nuevo trazado urbano y desarrollar las diversas obras de infraestructura para cumplir con el proyecto, entre otras funciones. Era una copia argentina del NOVACAP, el organismo brasileño que en los años cincuenta del siglo XX erigió la ciudad de Brasilia y su nuevo Distrito Federal.
La capital que nunca fue
Materializar la letra de la ley más ambiciosa de la democracia recuperada en 1983 pasó de ser un sueño a una misión imposible. La inestabilidad política provocada fundamentalmente por los levantamientos carapintadas y las sucesivas crisis económicas que sufrió el gobierno de Raúl Alfonsín fueron escollos imposibles de superar. Cuando Carlos Menem llegó a la presidencia en 1989, a pesar de haber nombrado a una nueva comisión en el ENTECAP, terminó por disolver el organismo, lo que en la práctica fue firmar el certificado de defunción del proyecto de traslado al sur de la capital. Aún así, la iniciativa le dejó a Viedma como herencia el mejoramiento de los servicios de agua potable y cloacas y diversos barrios, entre ellos el de las 1016 viviendas, donde iban a vivir los obreros que debían construir la nueva Capital Federal.
Desde entonces y hasta hoy hubo nuevos intentos de localizar la sede del gobierno nacional en otros lugares del territorio argentino, pero nunca pasaron de ser declaraciones con buenas intenciones. En una entrevista del año 2000, el historiador Félix Luna retomó el tema y valoró la iniciativa, aunque con críticas a Alfonsín. “La mudanza de la Capital a Viedma era una necesidad. Pero creo también que Alfonsín presentó muy mal la idea: se apresuró, la presentó demasiado sorpresivamente y entonces no prendió en la sociedad, ni siquiera en la UCR. Sin embargo, sigo creyendo que es necesario sacar la Capital de Buenos Aires. Se necesita un lugar donde se haga política y administración y nada más, donde los dirigentes del interior no queden atrapados por las atracciones de la gran ciudad, como sucede en Buenos Aires. Es indudable que a algún lado hay que llevarla, no sé si a la Patagonia o algún otro sitio, pero desde aquí no se puede seguir gobernando”, le dijo a un periodista del diario Río Negro.
Para Raúl Alfonsín el fracaso que debió anunciar a las apuradas la noche del 15 de abril de 1986 fue una herida que lo acompañó el resto de su vida. Muchos años después de haber dejado la presidencia contó que la entonces vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, la arquitecta Elva Roulet, le había reprochado su falta de decisión política y le había aconsejado que debía construir edificios sencillos y mudarse a Viedma cuanto antes para luego ir trasladando de a poco las distintas dependencias del gobierno nacional. En una entrevista el ex presidente dijo que lamentaba no haberla escuchado. “Me tendría que haber mudado aunque sea en carpa a Viedma. Eso hubiera cambiado todo”, confesó.