Una inspectora de la Municipalidad fue detenida en las últimas horas en la ciudad de Salta, acusada de haberse aprovechado de la discapacidad de un vendedor ambulante para endeudarlo por más de ocho millones de pesos. El procedimiento se realizó en una vivienda del barrio El Milagro y estuvo a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), con intervención de la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio.
Según se informó desde el Ministerio Público Fiscal, durante el allanamiento se secuestraron documentación bancaria, dinero en efectivo, una motocicleta, un teléfono celular, un aire acondicionado y otros elementos vinculados a la causa. La mujer quedó detenida y fue trasladada a la Alcaidía General, a la espera de la audiencia de imputación que se llevará a cabo en las próximas horas.
La acusada fue denunciada por la familia de la víctima, un hombre con discapacidad auditiva y motriz que, junto a su hermana, vende empanadas en un puesto sobre avenida Independencia. Ambos relataron que mantenían una relación de confianza con la inspectora, quien utilizó esa cercanía para llevar adelante las maniobras.
“Le hizo creer que firmaba papeles para regularizar su puesto de venta, pero en realidad estaba autorizando préstamos, transferencias y compras a su nombre”, reveló una fuente judicial cercana a la investigación.
La mujer, que trabajaba como inspectora en la Municipalidad de Salta, habría solicitado una extensión de la tarjeta de crédito del damnificado, tramitado préstamos personales y desviado fondos desde su cuenta previsional, además de adquirir bienes para su propio uso.
La fiscalía detalló que los movimientos ilegales se realizaron entre agosto de 2024 y enero de 2025, período en el cual el damnificado acumuló una deuda superior a los ocho millones de pesos. La investigación fue llevada adelante por la UDEC y el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), con un análisis minucioso de los registros bancarios.
“Estamos ante una figura muy grave: la circunvención de incapaz, que se configura cuando alguien se aprovecha de una persona con dificultades cognitivas, emocionales o físicas para obtener beneficios económicos”, explicó la fiscal Salinas Odorisio.
Este delito, contemplado en el artículo 174 inciso 2º del Código Penal, busca proteger a personas que, por su condición de vulnerabilidad, no pueden defenderse con eficacia frente a engaños o abusos. La norma establece penas más severas cuando el autor explota los vínculos afectivos o la confianza para perpetrar el fraude.
Desde la fiscalía no descartan que puedan surgir nuevas denuncias contra la misma acusada. “Hay elementos que sugieren que no sería la única víctima. Estamos trabajando para identificar otros posibles casos”, agregó la fuente consultada.
La causa continúa en investigación y se esperan pericias contables que permitan determinar con precisión el perjuicio económico ocasionado.