Una estudiante de Derecho fue condenada por la Justicia salteña tras haberse hecho pasar por abogada y estafar a al menos diez personas que confiaron en sus supuestos servicios legales. Se trata de María Alejandra Gómez Chocobar, quien enfrentó cargos por estafa reiterada y usurpación de título, delitos por los cuales recibió tres años de prisión de ejecución condicional, además de la inhabilitación especial para ejercer funciones vinculadas al Derecho durante el mismo período.
El fallo fue dictado por el juez Pablo Zerdán en el marco de una audiencia flexible y multipropósito impulsada por la Oficina de Gestión Judicial (OfiJu) como parte del Plan Piloto de Oralidad. La resolución se alcanzó a través de un juicio abreviado, luego de que la acusada confesara su responsabilidad en los hechos.
La investigación fue llevada adelante por el Grupo de Investigación del Sector 2, tras la denuncia de diez personas que manifestaron haber sido engañadas por Gómez Chocobar. Según consta en el expediente, la joven se presentaba como abogada del foro local y ofrecía iniciar trámites judiciales. Para ello, exigía pagos anticipados por estampillas, honorarios, presentaciones o gestiones intermediarias, tras lo cual cortaba todo tipo de comunicación.
Durante el proceso, se determinó que la acusada firmaba documentos como si fuera abogada, incluso utilizando un número de matrícula que correspondía a otra profesional. De este modo, generaba confianza en sus víctimas, que creían estar siendo asistidas por una experta en Derecho.
Su detención se produjo en marzo pasado, cuando se presentó en el domicilio de una de las damnificadas a retirar dinero en efectivo. En esa ocasión, los investigadores secuestraron documentación y elementos probatorios clave.
El caso fue impulsado por el auxiliar fiscal Ignacio Carrizo Agüero, bajo las directivas del fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, interino en la Fiscalía Penal 2. Ambos solicitaron medidas cautelares, pero finalmente se llegó a un acuerdo para que la mujer cumpla su pena en libertad, con el compromiso de seguir reglas de conducta impuestas por la Justicia.
Esta condena pone nuevamente en debate la necesidad de controles más estrictos sobre el ejercicio profesional y sobre el uso indebido de títulos académicos, una práctica que no solo perjudica a las víctimas directas, sino que erosiona la confianza en el sistema judicial.