“A pesar de la participación de INTERCARGO S.A.U. en el mercado, entre 2020 y 2023 requirió asistencia financiera del Estado Nacional por un monto aproximado de $6.700.000.000, destinada a cubrir sus necesidades operativas y garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad exigidos”, menciona el decreto 198/2025.
La norma establece que el Ministerio de Economía será el responsable de llevar adelante el proceso de privatización, con la participación de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”. Esta entidad tomará las medidas necesarias para concretar la venta de las acciones de INTERCARGO S.A.U. mediante una licitación pública internacional. El contrato de concesión vigente entre el Estado y la empresa será rescindido de común acuerdo antes de que se complete la transferencia de las acciones.
Pese a la privatización, el Ministerio de Economía, bajo la conducción de Luis Caputo, “deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar que el esquema de privatización establecido no afecte la prestación del servicio aeroportuario ni el de rampa, garantizando la conectividad aérea en el país y en el exterior”, según menciona el artículo 3 de la norma.
Intercargo en el ojo de la tormenta
La compañía fue centro de controversias a finales del año pasado debido a un paro inesperado en Aeroparque y Ezeiza, que provocó la cancelación de vuelos. Este conflicto generó un fuerte enfrentamiento con el Gobierno, que en noviembre de 2024 decidió desregular las funciones de Intercargo y dar lugar a que ingresen otras empresas a competir.
En aquel momento, el vocero presidencial, Manuel Adorni, declaró en conferencia de prensa que era “el fin de Intercargo tal como lo conocemos”. Además, aseguró que “ningún terrorista sindical podrá volver a tomar de rehén a un pasajero, arruinarle su viaje o negarse a hacer su trabajo”, en referencia a la situación en la que más de 2.000 personas quedaron atrapadas dentro de un avión debido a la medida de fuerza.
Hasta entonces, Intercargo tenía el control exclusivo del servicio de rampa y transporte de pasajeros en los principales aeropuertos del país. Sin embargo, con la decisión del Ejecutivo en noviembre, se permitió el ingreso de empresas privadas para operar en el sector.