La falsificación de certificados médicos se ha convertido en un negocio rentable en Salta, con redes organizadas que emiten estos documentos fraudulentos, generando pérdidas millonarias para el sector público y privado. En medio de este escándalo, el doctor Juan Félix Dellmans, miembro del Consejo Directivo de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Salta, advirtió que la provincia enfrenta un grave problema de corrupción, con “usinas” clandestinas que venden certificados truchos para justificar ausencias laborales, obtener beneficios sociales o incluso aprobar controles sanitarios sin verificación médica real.
La preocupación por esta práctica ilegal creció en los últimos días luego de que la Cámara de Comercio e Industria de Salta, presidida por Gustavo Herrera, alertara sobre el impacto de los certificados médicos falsos en la actividad comercial. Herrera denunció que existen redes que comercializan certificados sin evaluación médica, lo que genera ausencias injustificadas y afecta la productividad y organización de las empresas.
Dellmans enfatizó que este fenómeno no solo tiene consecuencias económicas, sino que también pone en riesgo la salud de los ciudadanos. Según explicó, “los certificados truchos son emitidos por personas que no son médicos, verdaderas ‘usinas’ de documentos falsificados. Por un precio accesible, expiden certificados para justificar faltas laborales, realizar trámites administrativos o incluso acceder a pensiones y beneficios sociales, sin que un profesional de la salud haya evaluado realmente a la persona”.
El problema sanitario también ha quedado expuesto en hechos concretos. Dellmans relató que hubo casos en los que niños presentaron certificados que garantizaban su buen estado de salud, pero luego sufrieron complicaciones graves e incluso fallecieron porque los documentos eran falsos. También recordó que, durante la epidemia de salmonellosis de enero y febrero del año pasado, se descubrió que la falsificación de certificados de bromatología permitió que comerciantes y vendedores de alimentos operaran sin control sanitario, lo que agravó la crisis en Salta.
Frente a este panorama, el médico impulsa un proyecto de ley para implementar un sistema de “estampillado” en los certificados médicos, una medida que ya funciona en provincias como Santa Fe, Mendoza, Córdoba y Neuquén. “La solución está clara: necesitamos un sistema de estampillado en todos los certificados médicos para garantizar su autenticidad. Esta medida impediría su falsificación y permitiría detectar rápidamente si un documento fue emitido por un verdadero profesional de la salud”, explicó Dellmans.
El proyecto de ley fue presentado en la Legislatura Provincial en 2024, con el respaldo de los diputados Bernardo Biella, Esteban Amat Lacroix, Germán Ralle y Cristina Fiore, pero aún no ha sido aprobado. Dellmans insistió en que su falta de implementación genera pérdidas millonarias, mientras que en cada reunión con cámaras empresariales y otros sectores se señala la falta de controles, pero la responsabilidad recae en los legisladores. “Nos encontramos en una lucha constante. Cada vez que nos reunimos con cámaras empresariales y otros actores del sector, nos responsabilizan por la falta de controles. Sin embargo, son los legisladores quienes deben aprobar esta ley para evitar que esta red de corrupción siga afectando a nuestra sociedad”, enfatizó.
El sector público también sufre el impacto de esta corrupción. Según Dellmans, miles de empleados estatales presentan certificados médicos falsificados, obligando al Estado a nombrar suplentes innecesarios y generando un gasto millonario. “Estamos pagando dos sueldos por cada certificado falso: uno para el trabajador que no se presenta y otro para el suplente que debe cubrir la vacante. Es un gasto innecesario y un descontrol que debemos frenar de inmediato”, advirtió.
El negocio de los certificados falsos ya tiene antecedentes en otras provincias. En Neuquén y Bariloche, la implementación del sistema de estampillado permitió reducir significativamente el fraude, ahorrando millones de pesos. “En Neuquén, en mayo pasado, se ahorraron 272 millones de pesos solo con el sistema de estampillado. La medida ya demostró su efectividad en otras provincias y es urgente que se implemente en Salta”, sostuvo Dellmans.
Mientras la Cámara de Comercio alerta sobre el impacto en la actividad empresarial y el sector salud advierte sobre los riesgos sanitarios, el proyecto de ley sigue sin ser aprobado. La implementación del sistema de estampillado aparece como la solución más efectiva para frenar esta práctica.