La Justicia confirmó la absolución de los policías que habían llegado a juicio acusados por distintos delitos, en un hecho ocurrido hace exactamente cinco años, donde un joven, Luciano Cruz, perdió el ojo derecho y fue afectado en el izquierdo luego de recibir dos perdigonazos en el rostro. Ocurrió en el barrio Norte Grande, en la zona sudeste de la capital salteña, en cercanías a un almacén.
Recientemente, la Sala I del Tribunal de Impugnación, a cargo del juez Guillermo Polliotto y la secretaría de actuación, Julieta López Naranjo, resolvió no hacer lugar a diferentes recursos de casación interpuestos por la fiscalía penal de Derechos Humanos y la querella, con lo que queda ratificada la absolución del sargento Pablo Exequiel Toledo, el cabo Ignacio Esteban Zurita y el sargento ayudante Rómulo Segovia. En principio, habían sido imputados principalmente por vejaciones.
La madrugada del lunes 24 de febrero de 2020, se desató una batalla campal en barrio Norte Grande entre jóvenes y policías. Según consta en el reciente fallo, la prueba principal y esclarecedora es el registro de la videocámara del móvil policial 1829, que grabó los hechos. De esta surge que los policías fueron derivados por el Centro de Coordinación Operativa (CCO) en virtud del llamado de un vecino y que su accionar se enmarcó dentro del protocolo de actuación, en cumplimiento del deber y en legítima defensa debido a la magnitud del tumulto. Se enfatizó que los efectivos policiales no iniciaron la confrontación, sino que, en pocos segundos, al menos 19 personas los atacaron con violencia, provocándoles heridas, incluso graves, lo que llevó a la utilización del armamento reglamentario. Producto de ello, Luciano Cruz resultó lesionado.
La Sala I del Tribunal de Impugnación ratificó la absolución de los efectivos, destacando que su accionar se ajustó protocolos.
El fallo también deja en claro que la escopeta utilizada estaba cargada con munición especial no letal, específicamente diseñada para dispersar disturbios. Además, las grabaciones muestran que, al llegar al lugar, el móvil policial encontró a un grupo de personas consumiendo alcohol en la vía pública, lo que constituye una contravención. La intervención policial fue pacífica en un inicio, pero rápidamente derivó en una agresión violenta contra los efectivos.
Las pruebas
Se estableció que Luciano Cruz se encontraba en la escena, pero los testimonios de la querella presentaban inconsistencias y diferencias significativas con la filmación. Mientras que la víctima afirmó que fue perseguido y acorralado por la policía, las imágenes muestran que el móvil intentó retirarse del lugar y que, en ese momento, un individuo identificado como Nicolás Segundo lanzó una piedra de grandes dimensiones contra el vehículo.
En la reconstrucción de los hechos, se consideró el contexto en el que ocurrieron los disparos. Se comprobó que los efectivos fueron acorralados por una “turbamulta” que los atacó con piedras y botellas. “En esa situación crítica, el uso de la escopeta con munición no letal fue la única alternativa para repeler la agresión y resguardar la integridad del personal policial”, dice el escrito.
Las imágenes mostraron que los policías llegaron al lugar tras un llamado de un vecino y que fueron atacados por al menos 19 personas.
La Justicia también consideró las lesiones sufridas por los policías durante el enfrentamiento, destacando que uno de ellos, Alfonso Sánchez (36), resultó gravemente herido tras recibir un piedrazo en la cabeza. Las consecuencias de este ataque fueron devastadoras: sufrió problemas de memoria y depresión severa, lo que finalmente lo llevó a tomar la drástica decisión de quitarse la vida.
El juicio
En mayo de 2024, los jueces de la Sala V del Tribunal de Juicio ya habían decidido absolver lisa y llanamente a los policías.
En aquella oportunidad, Jorge Ovejero y Carlos Oliver, defensores de dos de los policías absueltos sostuvieron que “no siempre que se causa una lesión se comete un delito” y agregaron que “en todos los casos los jueces comprobaron que estuvo probado que los policías actuaron en cumplimiento del deber y en legítima defensa”.
Y señalaron que “pese al daño sufrido, no solo con la estigmatización por parte del Ministerio Público Fiscal, sino también porque estuvieron un año y cinco meses detenidos, los policías querían demostrar su inocencia, recuperar la tranquilidad y seguir con sus carreras”, apuntaron.
Es que se había estigmatizado a los agentes como “el grupo de la muerte” pero ahora quedó probado que actuaron dentro del marco legal y en respuesta a una situación de extrema violencia en la que su integridad física estaba en riesgo.