El inicio del juicio contra el exintendente de Salvador Mazza, Carlos Villalba, por peculado sufrió una nueva postergación ayer. La suspensión se produjo luego de que el abogado defensor Carlos Iriarte presentara un certificado médico solicitando la suspensión del juicio en Tartagal. En un principio estaba previsto para el lunes pasado.
Ayer, Iriarte presentó un certificado en el que se le indicaba reposo por setenta y dos horas debido a trastornos de ansiedad con sintomatología somática y gastroenterocolitis, originadas por situaciones personales que afronta el letrado. En el mismo certificado, el médico tratante sugiere una interconsulta psiquiátrica.
Ante esta situación, los jueces de la Sala I del tribunal de Juicio de Tartagal dispusieron una nueva suspensión de la audiencia que debía dar inicio al juicio contra Villalba, y determinaron que se fijará nueva fecha de audiencia atendiendo a los calendarios de juicios fijados con anterioridad por cada uno de los magistrados.
Villalba, quien estaba al frente de la intendencia al momento de los hechos investigados, enfrentará este proceso judicial a raíz de denuncias relacionadas con el manejo administrativo y financiero de los fondos públicos durante su gestión.
La causa contra Villalba fue impulsada por el Concejo Deliberante anterior, a partir de un lapidario informe de la Auditoría General de la Provincia que determinó que, en sus seis años al frente del municipio fronterizo, el exintendente hizo uso y abuso de los fondos públicos. La Auditoría detectó más de un centenar de irregularidades en el manejo administrativo y financiero de la Municipalidad, con un faltante en efectivo de alrededor de 16 millones de pesos.
A pesar de estas irregularidades, el entonces gobernador Juan Manuel Urtubey no solo lo mantuvo en el cargo, sino que le garantizó la continuidad de su gestión con adelantos de coparticipación y otros beneficios financieros.
Villalba asumió como intendente de Salvador Mazza en 2007 bajo la boleta del Partido Renovador de Salta, en alianza con Urtubey.
El informe de la Auditoría reveló que Carlos Villalba solo trabajaba 13 días cada dos meses y que los fondos destinados a asistencia social se administraban sin registros ni controles. También se detectó que el municipio tenía una deuda por cobrar de 9,5 millones de pesos, equivalente casi a su presupuesto anual, pero no se realizaban gestiones para recuperarla. Al mismo tiempo, el exintendente otorgaba condonaciones de deudas de manera arbitraria, mientras la comuna enfrentaba dificultades constantes para pagar los sueldos.
Además, se descubrió que el dinero recaudado por la “tasa de conservación del pavimento” no tenía un destino claro. Había una diferencia de más de 600.000 pesos entre lo percibido y las supuestas obras realizadas, sin documentación que justificara el uso de esos fondos.
El tribunal colegiado es presidido por la jueza Soledad Rodríguez e integrado por Ricardo Martoccia y Reinaldo Burgos.