“Autorízase el procedimiento para la privatización total de Corredores Viales S.A. bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje, en los términos de la Ley Nº 17.520 y sus modificatorias”, establece el artículo 1 del decreto.
En ese sentido, Adorni justificó la medida al señalar que la empresa “tenía magros resultados” y que con el nuevo modelo se buscará “promover el desarrollo de obras de infraestructura a través de la participación del sector privado”.
El proceso de privatización estará a cargo del Ministerio de Economía mediante la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Para ello, se definieron una serie de pasos a seguir:
– La extinción por mutuo acuerdo de los contratos de concesión vigentes de los Tramos I a V, del Tramo VI y de los Tramos VII a X asignados a Corredores Viales S.A.
– La ejecución de los procedimientos de selección para la celebración de los contratos de concesión de obra pública sobre los corredores viales mencionados.
– La disolución y posterior liquidación de la empresa, una vez adjudicados y perfeccionados los contratos de concesión con las compañías seleccionadas.
Según datos oficiales, en 2023 Corredores Viales S.A. presentó resultados económicos negativos con deudas que alcanzaron los $142.000 millones con proveedores y pérdidas acumuladas por $268.000 millones. Para sostener su funcionamiento, la empresa recibió asistencia del Tesoro Nacional por $301.000 millones.
El Gobierno sostiene que “es prioritaria la construcción de obras de infraestructura vial y la consolidación de la red de caminos, rutas, autopistas y accesos”, y considera que para ello “se precisa la participación del sector privado”.